REFERÉNDUM SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ¡ YA !

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

Las organizaciones sociales abajo firmantes acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.

Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.

Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.

Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:
1. Su rechazo a la reforma constitucional que se propone
2. La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.
3. La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum

Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:

1. Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español
2. Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
3. Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas
4.Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol

Organizaciones asistentes a la reunión sobre reforma constitucional
- CCOO
- UGT
- USO
- Paz con Dignidad
- Consejo de la Juventud de España
- Sindicato de Estudiantes
- Paz Ahora
- Confederación Intersindical
- Habitáfrica
- Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE)
- Plataforma 2015 y +
- Asamblea de Cooperación por la Paz
- Socialismo 21
- Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
- Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción

Madrid, 29 de agosto de 2011

MANIFIESTO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL LÍMITE DE DÉFICIT Y DEUDA PÚBLICA.
La reforma de la Constitución Española que pretenden el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), tal y como recoge la propuesta presentada el pasado día 26 de Agosto para su debate en el Congreso de los Diputados consiste en limitar desde nuestra Carta Magna el déficit y la deuda pública de las Administraciones Públicas para garantizar, por mandato constitucional, la estabilidad presupuestaria.

Esta propuesta forma parte del paquete de medidas ultraliberales que los Mercados y la Unión Europea están reclamando a los Gobiernos Europeos como supuestas medidas de superación de la crisis económica.
Independientemente de que, como se ha demostrado, las sucesivas medidas adoptadas siguiendo las exigencias de los poderes financieros no han aportado, ni siquiera, indicios de que se supera la crisis, vuelve a crearse empleo y se recuperan los servicios públicos, en estos momentos lo que pretenden PSOE y PP es frenar el desarrollo del Estado del Bienestar. Limitar el déficit público no es algo abstracto. Establecer un techo al déficit público sin tomar decisiones sobre los ingresos públicos es atacar directamente a los servicios públicos que, por mandato constitucional, deben ser prestados a la ciudadanía.

El gasto público es el que determina el acceso de la ciudadanía a la educación, a la sanidad, a la justicia, a los servicios sociales,… en definitiva a todas y cada de las prestaciones a las que se tiene derecho. Hablar de gasto público sin hablar de ingresos y tomar la decisión de establecer un tope para el déficit es limitar la inversión en la sociedad.

La medida pactada por PSOE y PP demuestra la sumisión de ambos partidos a los mercados y constata, una vez más, las escasas diferencias en materia de política económica. Tal y como reconocen ambos partidos la Constitución se reforma para “calmar a los mercados”. No se reforma para garantizar más justicia social ni para garantizar mejores servicios públicos, mejor empleo o vivienda digna para quien la necesita. Se reforma la Constitución para seguir el ideario ultraliberal que se impone en Europa que busca acabar con los sistemas públicos de protección y prestación y con las conquistas sociales conseguidas en el último siglo.

Una medida de esta relevancia no puede ser adoptada por el acuerdo de PSOE y PP aunque sean los dos partidos mayoritarios y tengan votos suficientes como para imponerla. Han sido apenas unas horas de negociación las que han llevado a un acuerdo de tanta trascendencia.
La modificación de la Constitución que pretenden PSOE y PP afectará de manera muy negativa al Estado del Bienestar de nuestro país que, predominantemente, está financiado por las Comunidades Autónomas que deberían opinar sobre una cuestión de tal gravedad. Limitar el gasto público implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar de nuestro país que está muy alejado del que disfrutan la media de ciudadanos y ciudadanas europeos.

Por otra parte, aunque se habla genéricamente de Gasto Público, la realidad es que se refiere al Gasto Social ya que la reducción de gastos y los recortes han sido sobre pensiones, sobre empleo, sobre servicios públicos como educación, sanidad, servicios sociales, servicios domiciliarios, vivienda social, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Aunque sea legal resulta escasamente democrático que una reforma tan grave e importante de la Constitución sea aprobada porque los dos partidos mayoritarios así lo han decidido cuando apenas quedan dos meses de la actual legislatura. PSOE y PP pactan una hipoteca para las generaciones presentes y futuras y lo quieren hacer sin permitir que, al menos, la ciudadanía pueda opinar mediante un referéndum.

Los ciudadanos y ciudadanas deben poder votar en un asunto tan fundamental como éste y por ello, si la propuesta pactada por PSOE y PP supera el trámite en el Congreso y en el Senado, la única posibilidad de que la ciudadanía sea consultada es que al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras solicite la celebración de un referéndum.

A ellos y ellas nos dirigimos en un primer momento. Pero también a la ciudadanía y a sus organizaciones sociales y ciudadanas. Tenemos derecho a opinar y llamamos a la movilización ciudadana para decir a PSOE y PP que no llevaron en su programa electoral este ataque a la democracia, para decir a PSOE y PP que ya basta de sumisión a los mercados, para decir a PSOE y PP que no van a seguir decidiendo sin contar con los ciudadanos y ciudadanas.

Hasta el próximo 20 N trabajaremos por la construcción de una alternativa de izquierdas al bipartidismo que la injusta Ley Electoral permite pero, mientras tanto, exigimos la retirada de la propuesta de reforma de la Constitución que introduce el ultraliberalismo en nuestra Carta Magna. Reclamamos un Referéndum vinculante y llamamos a la movilización ciudadana en defensa de nuestros derechos.
¡REFERÉNDUM YA!