EN APOYO A LA QUERELLA INTERPUESTA POR IZQUIERDA UNIDA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, ASOCIACIÓN JUSTICIA Y SOCIEDAD, ASOCIACIÓN LIBRE DE ABOGADOS Y FEDERACIÓN DE LOS VERDES, CONTRA LUIS BÁRCENAS Y OTROS.
El pasado día 28 de febrero de 2013, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes presentaron
una querella ante la Audiencia Nacional contra distintos miembros del
Partido Popular y ocho empresarios de la construcción, entre otros, por
la posible comisión de graves delitos que se habrían cometido durante
años, delitos relacionados con las presuntas entregas de dinero por
empresas constructoras al Partido Popular, a varios ministros y varios
dirigentes, todos del anterior partido, con el fin de obtener contratos
millonarios por parte del Estado para la realización de distintas obras
públicas.
A juicio de los querellantes, esta actuación, de confirmarse, dejaría
al descubierto una íntima relación de intereses entre diversas empresas
constructoras y el Partido Popular, fuerza política que, durante
numerosos años ha tutelado la Administración Central del Estado y buena
parte de las administraciones territoriales de este país. Esta coalición
de intereses podría haber tenido una importancia capital en el devenir
pasado, presente y futuro del desarrollo económico de nuestro país, en
el impulso descontrolado de un modelo de crecimiento y creación de
empleo basado casi en exclusiva en las grandes obras y en la
construcción, modelo que fácilmente puede considerarse que ha respondido
más a los intereses de los adjudicatarios de obras y planeamientos
urbanísticos que a los verdaderos intereses de la ciudadanía.
Todo ello debe ponerse en relación con el fatal desenlace que dicho
modelo de desarrollo ha tenido en la economía nacional, ya que el
hundimiento de la economía ligada al ladrillo y a la obra en general ha
llevado a este país al estallido de la burbuja financiera, el
endeudamiento imparable del Estado, los rescates mil millonarios al
sector financiero privado, y en consecuencia de lo anterior, a unos
niveles de paro insoportables, con más del 26% de la población en
situación de desempleo, miles de familias desahuciadas de sus viviendas,
a un despedazamiento de los servicios públicos básicos ofrecidos a los
ciudadanos y a la mutilación de los derechos sociales.
Lo anterior ha venido derivado de las exigencias de las instituciones
gubernamentales españolas y europeas, y de los mercados financieros,
para que la economía nacional asuma la deuda que el modelo de desarrollo
ligado a la construcción y la creación de infraestructuras de dudoso
interés general ha generado, modelo en el que las deudas privadas
finales son asumidas por la economía nacional, mientras que los
beneficios fueron recogidos en exclusiva por las grandes empresas
constructoras y los directivos que las dirigían.
Así, debe apuntarse que España es el país europeo con más kilómetros
de autovías y autopistas, muchas de ellas de peaje que han precisado del
rescate con dinero público para evitar su quiebra, con más kilómetros
de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio, siendo el país que
más fondos ha dedicado a grandes obras en porcentaje del Producto
Interior Bruto (PIB), en contraste con los escasos fondos dedicados a
atención social. Y eso a pesar de las continuas denuncias que desde los
movimientos ciudadanos y ecologistas se han venido realizando durante
años, evidenciando la inversión insostenible en infraestructuras
multimillonarias, que ha quedado cristalizada en estaciones ferroviarias
fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos inutilizados….
Mientras se justificaban esas grandes obras en aras del desarrollo
económico general, muchas organizaciones y particulares venían apuntando
al posible lucro ilícito de unos pocos, sospechas que tras la
revelación de los documentos manuscritos contables atribuidos al ahora
querellado Luis Bárcenas han pasado a ser clarividentes demostraciones
de la arbitrariedad –probablemente criminal– que desde el poder público
se ha venido aplicando a la hora de impulsar un modelo de desarrollo del
que parece que al final solo se han beneficiado los directamente
interesados en la ejecución de las obras y planeamientos y aquellos que
han cobrado de los anteriores.
El mismo día 28 de febrero, tras la presentación de la querella
mencionada ante la Audiencia Nacional, el Partido Popular –que sigue sin
querellarse contra Luis Bárcenas– hizo público un comunicado en el que
amenazaba a las organizaciones políticas y sociales querellantes con
interponerles una querella por los delitos de calumnias e injurias.
Los abajo firmantes, personas físicas, colectivos sociales,
asociaciones, organizaciones políticas y sindicales, mostramos nuestra
voluntad de ADHERIRNOS A LA QUERELLA PRESENTADA EL DÍA 28 DE
FEBRERO DE 2013 ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA DIRIGENTES DEL PARTIDO
POPULAR Y EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, haciendo nuestro
íntegramente todo lo dicho en ella y manifestando que somos igualmente
responsables del contenido íntegro de la querella.
Para firmar, entra en el siguiente enlace:
http://querellabarcenas.org/
http://querellabarcenas.org/content/adhesiones
http://querellabarcenas.org/
http://querellabarcenas.org/content/adhesiones
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