El pasado 25 de noviembre se celebró Pleno Ordinario con el siguiente Orden del Día:
Punto 1º.- Las Actas de los plenos anteriores son aprobadas por UNANIMIDAD.
Punto 2º.- El punto segundo sobre ratificación de resolución de la Alcaldía es aprobado por MAYORÍA, con los votos a favor del PSOE, el voto en contra del PP y la abstención de ADELANTE CAZORLA.
Puntos 3º, 4º y 5º.- Estos tres puntos relativos a la incoación de expedientes de resolución de diferentes contratos son aprobados por UNANIMIDAD de los tres grupos municipales.
Punto 6º.- La Cuenta General de 2018 es aprobada por MAYORÍA con los votos favorables de PSOE, el voto en contra del PP y la abstención de ADELANTE CAZORLA, por no haber participado en esa legislatura como tal.
Punto 7º.- En cuanto a la Cuenta General de 2019 la misma es aprobada por MAYORÍA, con los votos favorables del PSOE y ADELANTE CAZORLA y el voto en contra del PP.
Punto 8º.- Sobre las Resoluciones y Decretos de la Alcaldía se da cuenta de los mismos, quedando enterada la Corporación.
Por nuestra parte fueron presentadas las siguientes iniciativas:
MOCIÓN PARA ABORDAR LA CRISIS DEL COVID CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Esta moción es aprobada por MAYORÍA con los votos favorables de ADELANTE CAZORLA y PSOE y el voto en contra del PP.
MOCIÓN SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES
En cuanto a esta iniciativa también es aprobada por MAYORÍA con los votos favorables de ADELANTE CAZORLA y el PSOE y el voto en contra del PP.
MOCIÓN EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARIO ANDALUZ
Por lo que respecta a esta moción se deja sobre la mesa al igual que otra del PP sobre "Rechazo al Real Decreto de Transición de Ayudas de la PAC para los años 2021 y 2022", con el planteamiento de hacer una Declaración Institucional por parte de los tres grupos políticos para el mes de Abril.
RUEGO SOBRE RETIRADA DE CUADRO DE ALCALDESA DEL FRANQUISMO DEL SALÓN DE PLENOS
Este ruego no llega a debatirse, puesto que ya ha sido llevado a la práctica, durante el período transcurrido entre la presentación del mismo y la celebración del Pleno.
La Iglesia utilizó la ley Aznar para poner a su nombre al menos 30 catedrales que pertenecían al Estado desde 1931
José María Aznar y su esposa, Ana Botella, conversan con el entonces cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en mayo de 2003 Alberto Martín / EFE
Cuentan los Evangelios que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, 30 monedas, en este caso de euro, son el único coste que, entre 1998 y 2015, tuvieron los obispos de una treintena de diócesis para inmatricular a su nombre algunas de las catedrales españolas más importantes que, desde hacía décadas habían pasado a formar parte del Tesoro Artístico Nacional.
La reforma de la ley hipotecaria del Gobierno Aznar vino a ser una suerte de compensación a la incorporación de dichos bienes al patrimonio general llevado a cabo por el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora en 1931.
La mezquita de Córdoba, la Giralda, la Seo de Zaragoza o la catedral del Buen Pastor de Donostia, han sido algunos de los casos más polémicos.Los obispos inmatricularon, sin apenas coste, miles de inmuebles gracias a la reforma de la ley hipotecaria del Ejecutivo de José María Aznar de 1998.
Muchos de esos templos continúan siendo restaurados con dinero público, pero los beneficios de las visitas y las colectas van a nutrir las arcas eclesiásticas.
Pese a todo, dichos bienes (catedrales, museos y bienes de interés cultural) que algunas fuentes estiman en 4.500 sólo en el período 1998-2015, pero que podrían resultar diez veces más si contamos desde la aplicación de la franquista Ley Hipotecaria de 1946, continúan contando con fondos públicos. Así, las distintas administraciones financian la restauración de dichos templos o su iluminación, en virtud de su condición de bienes de interés cultural. Sin embargo, los pingües beneficios derivados tanto de su uso litúrgico (mediante limosnas, estipendios de misas, etc...) como de su explotación turística (la Seo de Zaragoza, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba), esta última inmatriculada ya en 2006, son tres de los lugares más visitados de España, sólo tienen un destinatario: la Iglesia católica, que además se beneficia de las múltiples exenciones fiscales derivadas de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Esta es una suerte de ránking de los principales templos expoliados por la Iglesia con el beneplácito de los sucesivos Gobiernos:
Catedral de Valladolid
La diócesis de Valladolid llegó a inmatricular 16 propiedades, todas ellas sin escritura reconocida. Entre ellas, la catedral, que entró en el registro de la propiedad de la capital pucelana el 23 de marzo de 2007. Ya figuraba en el catastro a nombre del Arzobispado, con lo que únicamente se precisó que el canciller-secretario firmara un certificado y lo trasladara tanto a Hacienda como al registro.
La catedral y la Giralda de Sevilla
Ambos inmuebles, que forman un todo en el centro de la capital hispalense, fueron inmatriculados por la Iglesia católica en 2010. ¿El coste? El mismo que en Córdoba, 30 euros. Siete años después, la Giralda recibe anualmente a un millón de visitantes, con unos ingresos que superan los 9 millones de euros al año, 63 millones desde su inmatriculación. Todos ellos con un único beneficiario (y exento de impuestos): la Iglesia.
La catedral del Buen Pastor de Donostia
En 2012, el siempre polémico obispo donostiarra, José Ignacio Munilla, formalizó la petición de inmatricular la catedral del Buen Pastor. Un caso atípico, pues el terreno en el que se edifica el templo pertenecía al Ayuntamiento de Donostia, que en 1887 firmó un acuerdo por el que cedía el suelo, con el compromiso de que, si la Iglesia abandonaba su uso, volvería a ser propiedad del Consistorio. Sin embargo, hace cinco años, con la inmatriculación, tanto el templo como el terreno pasaron a manos de la diócesis.
Zaragoza
El caso de Zaragoza es el único de una gran ciudad en la que el Gobierno municipal (Zaragoza en Común) ha presentado una demanda judicial para reclamar la titularidad pública tanto de la catedral de La Seo como de la iglesia de la Magdalena. Ambos templos, inscritos a nombre de la Iglesia mientras la Comunidad de Aragón financiaba su rehabilitación, están en disputa, por más que, según el Registro, el edificio pertenezca al Arzobispado "desde tiempo desconocido", pese a reconocer que carece de "título de dominio inscrito o inscribible".
Catedral de Granada
La diócesis que hace unos meses ha vivido el escándalo del caso Romanones inscribió el 1 de junio de 2015 el conjunto artístico de la Catedral, la Capilla Real y el Sagrario, el lugar (después de La Alhambra) más visitado de la ciudad.
Según denuncia Europa Laíca, la inmatriculación se llevó a cabo en el último momento, y después de que varios ciudadanos certificaran que el templo no aparecía en el registro. De hecho, el Arzobispado trató de inmatricular también la basílica de la Virgen de las Angustias, pero el plazo ya había concluido para entonces.
Catedral de Jaca
Es uno de los edificios más relevantes del románico español, declarado Bien de Interés Cultural en 1985. La diócesis tramitó su inmatriculación vía registro en junio de 2015, poco antes de que concluyera el plazo dado por los gobiernos del PP.
Catedral de Málaga
El Obispado de Málaga inscribió a su nombre la Catedral y su entorno más inmediato en febrero de 2011. En la nota registral se precisa que la seo fue "adquirida por inmatriculación" (figura prevista para bienes sobre los que no constaba titular con anterioridad) en virtud de un certificado administrativo autorizado por el Ayuntamiento de Málaga, que no puso pega alguna a las pretensiones de la diócesis.
Todo ello gracias al Gobierno de JOSE MARÍA AZNAR y en base al antiguo art. 206 de la Ley Hipotecaria, tras la modificación en 1998 del art. 5 del Reglamento Hipotecario, realizada por el PP.
Por si alguien quiere comprobar los bienes inmatriculados en los diferentes pueblos del estado, lo podéis hacer en el siguiente enlace:
Desde la prisión paraguaya donde ya ha pasado 17 años de condena, Cármen Villalba, militante del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) hizo llegar un mensaje solidario a Pablo Hasel
Texto del mensaje
“No basta echar la mano al cuello; hay que asesinar» Decía Marx describiendo sobre el aplastamiento de la comuna de París en 1871.
Ésta historia nos recrea sobre la esencia criminal, y, la predisposición permanente de las clases dominantes, sin importar la nacionalidad, para aplastar, asesinar y encarcelar a los revolucionarios que incomodan, y que no se tragan el cuento de la Justicia para todos por igual, o, que, el fin real de la democracia burguesa sea la búsqueda del bien común de los pueblos.
Los estados censuran, tergiversan, encarcelan, asesinan sin escrúpulos, cuando, de defender los intereses de la clase dominante se trata. Ya en 1776, Adam Smith, el ideólogo del liberalismo, afirmaba, que «la autoridad civil se instituyó en realidad para defensa de los ricos contra los pobres, o de los que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna». Los estados y clase dominante burgués, sin importar su pertenencia territorial, tienen una sola lógica, imponer y defender la propiedad privada sobre los medios de producción mercantil, contraponiendo a los verdaderos intereses de los pueblos oprimidos y hambrados.
En ella nadie debe anteponerse, y por sí acaso ocurre, esa resistencia es ferozmente aplastada y asesinada. Para ellos, los hambrientos y haraposos resistentes a su opresión son los violentos y terroristas, en contra partida, ellos armados hasta los dientes nos hablan de paz. Ésta y no otra, es la lógica ascendente de las violencias burguesas cuando topan con la resistencia popular en las cuestiones decisivas para el beneficio capitalista.
Pablo Hasel es el comunista cantor del pueblo que rapea, canta, en la búsqueda de despertar conciencia de clase al pobrerío hambreado y oprimido. Ese acto es un crimen para el Estado español, crimen es despertar la conciencia crítica y revolucionaria a los trabajadores. Crimen es que los obreros piensen desde sus intereses de clase, para los enaltecedores del despojo y exclusión de millones de trabajadores. Temen que el pueblo haraposo se convenza y convierta en fuerzas revolucionarias, porque su canción llega a los oídos receptivos. Me llegó a mí, en prisión, y en momentos duros de represión interna o externa, con el cual regocija mi espíritu recordándome que el camino es la resistencia.
Aquí no solo quiero remitirme a manifestar mi solidaridad al camarada Pablo Hasel, sino, alentarle a seguir con la resistencia y lucha, que cada vez se hace más necesario en este contexto histórico de agudización entre el capital y el trabajo y los trabajadores sobrantes, parados en la incertidumbres.
A los comunistas no nos queda otro camino que acrecentar la resistencia y la lucha. Porque los enemigos de clase, el capital, son feroces en su actuar criminal. Persiguen, censuran, encarcelan, torturan, asesinan y desaparecen a modo de escamientos. En el 2010 asesinaron a mi hijo de 12 años camino a su escuela. Este 2020 aquel fatídico 2 de setiembre tomaron viva, torturaron y ejecutaron a Lilian Mariana y María Carmen dos niñas de 11 años. Y hoy hace 68 días está desaparecida mi hija Carmen Elizabeht, Lichita una niña de 14 años, en la zona de Amambay. Según versiones de lugareños se la vio siendo llevada a la fuerza por militares. Mi hija está en manos del gobierno fascista y criminal de Mario Abdo.
La muerte de mi hijo, la desaparición de mi hija, refuerzan mi compromiso de lucha, por ellos, por la necesidad de justicia. Porque es inviable la continuidad de este sistema narcofascita, de éste régimen opresor y criminal.
Compañero Pablo Hasel, lo único que puede asegurarnos justicia, es la lucha revolucionaria junto a nuestros pueblos. Esa y solo esa debe guiar nuestro norte.
Abajo la monarquía española.
Absolución para Pablo Hasel.
Abrazo resistente y revolucionario.
¡¡LIBERTAD PABLO HASEL!! ¡¡AMNISTÍA Y LIBERTAD, YA!!
Fran Molero a su salida de prisión, recibido por Oscar Reina, Portavoz Nacional del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores)
Fran Molero: " La Ley Mordaza no está derogada porque quiénes nos gobiernan forman parte del sistema"
“Cuando estás en la lucha por un mundo justo, te pueden encarcelar y también ser el peor parado”
“No vivimos en un estado democrático, es un circo que sólo tiene algunos tintes democráticos para callar algunas bocas, pero es pura degeneración en picado”.
Francisco Molero, Fran, preso político andaluz, obtuvo hace unos días el tercer grado tras más de 1.000 días en prisión. El joven sindicalista malagueño del SAT fue condenado a cinco años y un día de prisión tras participar en la manifestación Rodea el Congreso en 2013, y ha permanecido desde mayo de 2018 en la cárcel de Archidona bajo la acusación de atentado a la autoridad y lesiones, además de al pago de una multa de 16.000 euros. Sin embargo, los propios policías se contradijeron en el juicio, sin que quedara acreditada que fuera él. Fue el chivo expiatorio. Ha salido en “tercer grado” y está disfrutando de una cierta libertad, aunque espera recuperar la libertad para continuar en la lucha dentro del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores (SAT).
¿Qué sientes en estos momentos tras salir de la cárcel en tercer grado donde has estado más de 1.000 días?
Una alegría inmensa poder estar con mi familia y las personas queridas, pero aun me queda porque estoy en esa mentira de "reinserción" de tercer grado y con ganas de seguir aportando lo que se puede a la lucha por las causas justas.
Es evidente el montaje policial que llevó a tu condena, ¿sigues pensando que el sistema judicial está podrido y que fue un juicio injusto?
Sí, es evidente que el sistema judicial está podrido, bueno, más bien, es que es así y a la vista está con lo que vivimos.
El Rodea el Congreso de 2013, celebrado como protesta ante la reforma de la Ley de Seguridad, la llamada Ley Mordaza, que en esas fechas comenzaba su proceso parlamentario, acabó con 23 personas heridas y siete detenidos. Casi 8 años después de la aprobación de esa ley, sigue en vigor. ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que no está derogada ya como han prometido PSOE y Unidas Podemos?.
Porque estos partidos, que gobiernan, forman parte del sistema, hay dentro de Unidas Podemos personas con algo de sed de justicia social, pero, visto lo visto, son parte del sistema. Aún sabiendo que es difícil cambiarlo sin la mayoría de masas, algo se puede hacer con este tema, teniendo la llave de la gobernabilidad como la tiene Unidas Podemos, pero de momento no vemos nada.
¿Tenían que buscar un culpable y fueron a por ti?
Es posible, pues no creo que fuese algo personal, pero cuando estás en la lucha por un mundo justo, te pueden encarcelar y también ser el peor parado, como lo fue en mi caso en esta convocatoria
¿Qué piensas de que, a pesar de las deficiencias en el proceso, el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso contra la condena?
Pues rabia, al principio, pero como acepté que de por sí esto forma parte de la represión del sistema fascista de este país, pues, con cautela cogí otras vías.
La libertad de expresión está amenazada, solo tenemos que ver la última sentencia contra Pablo Hasél, y las manifestaciones siguen amenazadas con la Ley Mordaza, ¿vivimos en un estado democrático?
Para nada, es un circo que sólo tiene algunos tintes democráticos para callar algunas bocas, pero es pura degeneración en picado.
¿Cuando la ultraderecha de Vox se manifiesta haciendo gestos fascistas, etc qué opinión le merece?
Es su libertad de expresión. Me duele, pero no me sorprende. Pero no olvidamos que otros iguales que ellos, pero con otras caretas, nos quieren quitar hasta la propia dignidad (o eso parece). No nos queda otra que la lucha con las verdades que nos mueven.
Cuando salgas definitivamente, ¿vas a continuar en el SAT luchando por los derechos de las personas de Andalucía?
Sí, eso lo tengo claro, cuando salga de prisión de forma definitiva seguiré en la lucha dentro del SAT para mejorar las condiciones laborales y sociales de este pueblo.
¿Qué puedes transmitir a todas esas personas que estuvieron, están y estarán contigo ante ese juicio farsa y condena posterior?
Todo mi cariño por estar junto a mi y solo espero que nos sigamos viéndonos en la lucha. Ahí estaremos, de nuevo, codo con codo.
Si quieres añadir algo más, estás a tiempo.
Desde pequeño supe, que mi vida no iba a ser un camino de rosas si me dedicaba a la lucha viendo la represión que había, pero puede serlo, porque lo tengo demostrado. Eso sí, si conseguimos objetivos y vamos dando pasos para ver la justicia de verdad veremos muchas mejoras en esta tierra de Andalucía y en todos los pueblos.
Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H
Fran Molero recibido a su salida en tercer grado, tras 1.000 días en prisión
¡¡LIBERTAD PABLO HASEL!! ¡¡AMNISTÍA Y LIBERTAD, YA!!
«Queremos una iglesia que reconozca e incluya a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales dentro de la iglesia y reconozca la diversidad de familias», sostiene el colectivo ‘Revuelta de mujeres en la Iglesia’
«Somos creyentes, feministas y luchadoras». Así se definen las mujeres que participan en la ‘Revuelta de Mujeres en la Iglesia’, un movimiento que surgió en línea con el #MeToo y que busca que «la igualdad, la justicia y el cuidado de la casa común se hagan costumbre». Y es que las mujeres, más de la mitad de los católicos del mundo, están hartas de una Iglesia patriarcal donde su papel, pese a los intentos por parte del Papa Francisco de abrir ventanas a la igualdad, sigue siendo el de servidoras, y no el de dirigentes. «Reconocemos los pasos que se están dando (como el nombramiento de una mujer con voz y voto en los sínodos, o la puerta abierta para que las mujeres entren al altar), pero son claramente insuficientes», afirman desde la coordinadora.
El 7 de marzo, a las 12 de la mañana visibilizaron y plantearon sus propuestas y reivindicaciones en las puertas de las catedrales en numerosas ciudades del estado español realizando un acto reivindicativo de memoria y esperanza, con los protocolos sanitarios requeridos, señala la teóloga Pepa Torres, una de las responsables de la iniciativa, que el domingo organizaron una decena de concentraciones ante los principales templos de Barcelona, Granada, Madrid, Bilbao, Gran Canaria, Santiago de Compostela y Valencia, entre otras. En todos los casos, se cumplieron estrictamente las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias en el contexto de crisis pandémica.
En Madrid la cita estaba prevista junto a la catedral de La Almudena, pero la decisión de la delegación de Gobierno de prohibir las concentraciones por el 8-M ha obligado a trasladar el evento a la ‘parroquia roja’ de San Carlos Borromeo, en Entrevías, desde donde estas mujeres lanzaron su manifiesto en el que reivindican que «las mujeres constituimos la mitad de la iglesia y nuestra representación en los lugares de tomas de decisiones es prácticamente inexistente».
«Este año nos movilizamos nuevamente para denunciar la profunda discriminación que vivimos las mujeres en la iglesia y decir:¡Basta ya!. Porque si las mujeres callamos gritarán las piedras», sostienen, en una referencia el Evangelio de Lucas, uno de los muchos textos silenciados en los que Jesucristo reivindica la plena igualdad de todos los seres humanos, y que la estructura eclesiástica ha ido orillando a lo largo de la historia para perpetuar el poder del hombre y el sometimiento de la mujer.
Mujeres lesbianas, trans y bisexuales, invisibles
Las mujeres católicas ya no están dispuestas a transigir. «Trabajamos y seguiremos haciéndolo por una iglesia sinodal que reconozca la plena ministerialidad de las mujeres», explican. Por ello «exigimos cambios estructurales profundos desde la perspectiva de las mujeres, en sintonía con el Evangelio y la práctica de Jesús en reconocer dignidades y anteponer la vida a preceptos y legalidades excluyentes».
¿Qué significa esto? «Que queremos tener voz y voto en las estructuras eclesiales; decidir, celebrar y predicar en una Iglesia igualitaria», recalca Pepa Torres, que aclara que la ‘revuelta’ no sólo pretende cambios para las mujeres.
«Queremos repensar la moral sexual desde la misericordia y la ternura. Queremos una iglesia que reconozca e incluya a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales dentro de la iglesia y reconozca la diversidad de familias. Queremos poner fin a la explotación y la violencia hacia las mujeres dentro y fuera de la Iglesia, y queremos que se reconozca y valore la teología feminista como motor de cambio», se lee en el manifiesto que se leyó en todas las concentraciones.
Para Silvia Martínez Cano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, «las mujeres, como parte fundamental de las iglesias cristianas (en algunas somos más que fundamental, es decir una mayoría del 80%), soñamos con una Iglesia rica en equidad. No hablo de igualdad, sino de equidad», lo que implica «el cambio de un modelo eclesial piramidal y jerárquico a un modelo circular y asambleario».
«El primer nivel de cambios eclesiales, que sería el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres no se ha producido todavía. Ni siquiera hemos llegado a los mínimos», lamenta.
No están solas. Más allá de nuestro país, la Revuelta de Mujeres en la Iglesia trabaja en coordinación con Catholic Women Council (CWC) un grupo global creado a finales de 2019 en Stuttgart y que agrupa redes católicas romanas unidas en su lucha por el pleno reconocimiento de la dignidad y la igualdad en la Iglesia.
Este acto tiene la mirada puesta en un encuentro de mayor envergadura: el Sínodo convocado por el papa Francisco para el otoño de 2022. La próxima Asamblea General ordinaria del Sínodo de los Obispos tendrá el propósito, en efecto, de asegurar una mayor implicación de toda la Iglesia en la celebración y preparación del evento, según informó a primeros de febrero la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
De momento, sin embargo, no pierden la perspectiva. La cita más importante e inmediata en la agenda de estas mujeres fué el 7 de marzo, fecha en que fueron llamadas, según Alba Martorell, de Alcem la veu, a «celebrar todo aquello que ya somos en la Iglesia y a seguir reivindicando todos aquellos caminos que todavía no podemos recorrer».
«Queremos recuperar la memoria transgresora de Jesús en el Evangelio y recordar al papa Francisco la necesidad apremiante de cambios estructurales urgentes en la Iglesia, desde la perspectiva de las mujeres y hasta que la igualdad se haga costumbre», concluye Pepa Torres.
En los últimos tiempos y con el aumento de la represión policial, que se está sufriendo y cuando incluso se están usando armas prohibidas y fuego real contra los manifestantes, es interesante conocer la ley y defender nuestros derechos.
La pregunta de que si se puede grabar en vídeo a un policía o a un guardia civil en España es… se puede, te contamos en qué circunstancias. Nos referimos a grabaciones efectuadas durante el desempeño de sus funciones. A los policías y guardias civiles no les suele gustar que los ciudadanos les grabemos durante sus actuaciones, pero la ley nos ampara.
Grabación de las actuaciones policiales antes de la Ley Mordaza
En los últimos años la grabación en vídeo de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad es una cuestión que ha generado polémica. Esto es así porque, debido a la regulación que se produjo con la “Ley Mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), han surgido muchas dudas e interpretaciones jurídicas sobre el derecho a realizar estas grabaciones.
En esencia, la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es fruto de una época más garantista, dónde estaban aún muy recientes los abusos impunes de la Policía. Además, se trata de una regulación específica del derecho fundamental afectado y no de una Ley sancionadora que viene a limitar, de paso, derechos y libertades constitucionales, como es la Ley Mordaza.
En este contexto, era de aplicación el artículo 8.2 de la Ley 1/1982, y era claro que la captación de la imagen de la Policía durante un acto público o en un lugar abierto al público no estaba protegida por el derecho a la propia imagen. Por lo tanto, cedía ante el derecho fundamental a la información y libertad de expresión.
Artículo octavo
(…)
Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
(…)
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.
A pesar de la claridad legislativa ahora tan en desuso, en este sentido se pronunciaba también la doctrina del TC en reiteradas ocasiones y en concreto en la Sentencia 72/2007 negando el amparo constitucional a una Policía cuya imagen había salido publicada en un periódico con ocasión de un violento desalojo de viviendas en Madrid.
FJ 5
«Por ello, cuando el derecho a la propia imagen entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, particularmente las libertades de expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE], deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la imagen en que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento o el interés público en la captación o difusión de su imagen (STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 6).
En este sentido ha de tenerse presente que el examen de la fotografía y del texto que la acompaña pone de manifiesto que estamos ante un documento que reproduce la imagen de una persona en el ejercicio de un cargo público —la propia demandante de amparo admite expresamente que por su condición de Sargento de la policía municipal de Madrid desempeña un cargo público— y que la fotografía en cuestión fue captada con motivo de un acto público (un desalojo por orden judicial, que para ser llevado a cabo precisó del auxilio de los agentes de la policía municipal, ante la resistencia violenta de los afectados), en un lugar público (una calle de un barrio madrileño), por lo que en modo alguno resulta irrazonable concluir, como se razona en la Sentencia impugnada, que concurre el supuesto previsto en el art. 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.»
Esta recomendación no es espontánea, es fruto del intento de la Dirección General de la Policía de prohibir la grabación de la policía (proteger su imagen) al amparo de dos sentencias aisladas, la nº 113/2006 de la Audiencia Provincial de Burgos y la nº 120/2008 de la Audiencia Provincial de Madrid. Frente a ello la Defensora del Pueblo no tiene duda:
«Informar a las distintas jefaturas y comisarías de la Policía Nacional, para su difusión entre los funcionarios policiales adscritos a las mismas, de la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la captación y, en su caso publicación de la imagen de un funcionario policial cuando se trata de actuaciones en un lugar público en el ejercicio de sus funciones profesionales».
Grabaciones en vídeo de policías con la Ley Mordaza
Como hemos visto, hasta la entrada en vigor de la Ley Mordaza la respuesta, a pesar de la resistencia de la Policía, era bastante clara, sí se les puede grabar en el ejercicio de sus funciones.
Lamentablemente, la Ley Mordaza trajo consigo una regresión en el ejercicio de diferentes Derechos Fundamentales. Por ejemplo:
La no discriminación por ideología política -ya que se crea un registro de infractores con ocasión de su participación en protestas o manifestaciones-.
El derecho de reunión y manifestación también queda extraordinariamente limitado en “pro” de la seguridad ciudadana y contraviniendo su limitación excepcional establecida en la Constitución Española.
También el derecho de defensa y a la presunción de inocencia al ser sancionado con base en la única prueba consistente en la declaración de la policía, pero no vamos a desarrollar aquí todas esas lamentables limitaciones de libertades y derechos.
Nos vamos a centrar en la libertad de información, entendida como el derecho de los ciudadanos a grabar a los agentes de la autoridad y que afecta además al derecho de defensa y a utilizar todos los medios de prueba pertinentes.
Debe entenderse que el cierre perfecto a una ley que concede tanto margen de discrecionalidad a la Policía era limitar la captación de sus intervenciones al abrigo de razones de seguridad, intimidad y propia imagen.
Evolución Interpretativa
Con la publicación de la Ley Mordaza se produjo una primera interpretación generalizada del artículo 36.23. En virtud de esta, se entendía que no se podía grabar a la Policía.
Esta situación generaba una impunidad total de los agentes de la autoridad. Veían cómo podían reprimir casi impunemente, al no existir testigos, a una sociedad desgarrada que se movilizaba por una crisis social y política devastadora.
Es cierto que, aunque el precepto no prohíbe directamente la toma de imágenes o datos de los agentes, está tan “mal redactado” o convenientemente, según se mire, que deja muchas cosas al arbitrio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que debe entenderse por:
“Uso no autorizado de imágenes”
“Poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”
“El éxito de una operación”
Los límites para el uso de estas imágenes.
En definitiva, se producía de facto una prohibición. Toda grabación podría incluirse convenientemente dentro de esos conceptos jurídicos indeterminados.
En 2018, con el cambio de gobierno e incumpliendo su promesa de derogación de la Ley Mordaza, se produjo en su lugar una pequeña matización desde el Ministerio del Interior. Fue a través de la Instrucción 13/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridadpor la que se “suavizaban” los aspectos más bochornosos de la normativa.
La Instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad.
La Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior, a través de la Instrucción 13/2018 de 17 de Octubre, explicaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando el uso de imágenes o datos de sus miembros debía entenderse motivo de infracción grave según la Ley Mordaza.
En definitiva, cambia la interpretación generalizada. Por ella se venía sancionando de manera automática a quien grabase a la Policía y, con buen criterio, establece que no se pueden interpretar las infracciones administrativas en contra de los derechos fundamentales. También aclara que debe considerarse que el uso de imágenes y datos es objeto de infracción en supuestos muy restringidos.
A partir de ese momento, establece que:
La simple toma de imágenes no constituye infracción.
Para que constituya infracción tiene que hacerse uso de las imágenes o datos.
Que el uso de imágenes o datos además debe poner en riesgo la seguridad de los agentes o sus familias.
Que la denuncia que en su caso realice la Policía y sus anexos detallen de forma exhaustiva el por qué el uso de imágenes o datos de la Policía supone un riesgo y por tanto una infracción grave.
Es decir, pone de relieve algo muy grave. Podría entenderse que hasta ese momento las sanciones impuestas por grabar a la policía no estaban siendo motivadas. Y recordamos que esta instrucción no está imponiendo ninguna obligación especial, sólo les exige algo exigible a cualquier actuación administrativa sancionadora, motivación. Pero, no obstante, visto lo visto, no está de más que se lo recuerden.
No obstante, la instrucción finaliza autorizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al uso del miedo. Sí, permite que a pesar de estar permitida la captación de imágenes te identifiquen «por si acaso», ¿cómo puede ser? Sí, sí, por si en el futuro consideran tomar represalias y así te vayas acojonada/o a casa.
¿Has oído hablar del precrimen? Si viste la película Minority Report quizá te suena. Se trata de la adaptación al cine del relato del mismo nombre escrito por Philip K. Dick en enero de 1956. Tenía como premisa encarcelar a futuros delincuentes, es decir, a inocentes. Pero no sólo es ciencia ficción, es una teoría criminológica peligrosa abrazada por regímenes totalitarios en el pasado. Hoy en día ha vuelto y tiene sus máximos defensores en EE.UU., a través del sistema No Fly List o Future Attribute Screening Technology (FAST), en China, y también en Alemania y Francia.
Los policías prefieren no ser gravados en vídeo en sus actuaciones con los ciudadanos
¿Adivinas si le gustó a la policía la instrucción 13/2018? Efectivamente, has acertado. El Sindicato Profesional de Policía lo celebró por todo lo alto interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Pidió la nulidad de la Instrucción Cuarta y solicitó que la simple captación de imágenes debía ser sancionada.
Como es obvio, los policías prefieren que no se les grabe mientras desempeñan su labor. Por un lado, no resulta agradable tener una cámara delante cuando trabajas, eso lo entendemos todos. Por otro lado, en caso de extralimitarse u obrar de manera incorrecta en sus funciones, será más difícil que los ciudadanos puedan demostrarlo.
En el contexto de otra profesión, sería comprensible que la persona no quiera ser grabada mientras trabaja, pero, he aquí la cuestión: las fuerzas y cuerpos de seguridad gozan de unas atribuciones y privilegios que hacen que sea comprensible que puedan ser grabados por los ciudadanos cuando interaccionan con ellos estando de servicio.
CUARTA.- Uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23).
1- A los efectos de calificar unos hechos como constitutivos, en su caso, de esta infracción, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional determina que las infracciones administrativas no pueden interpretarse de manera contraria a los derechos fundamentales, sino en el sentido más favorable a su plena efectividad. En consecuencia, se impone una interpretación estricta de la infracción del artículo 36.23 de la LOPSC.
2.- Para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes o los datos personales o profesionales de los agentes, las instalaciones que protegen o las operaciones policiales, y que ese uso ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. Por ello, esta situación de riesgo o peligro debe reflejarse en el acta o denuncia o, en su caso, en los informes anexos oportunos, en los que se pormenorizará con el mayor detalle que sea posible el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado.
3.- No constituye infracción la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes si ello no representa un riesgo o peligro para ellos, sus familias, las instalaciones o las operaciones policiales. En estos últimos supuestos los agentes actuantes deberán obrar en cada caso conforme a las normativas de seguridad y autoprotección, materias clasificadas, protección de datos de carácter personal, penal o civil aplicables al efecto, según corresponda. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de identificar a la persona que haya tomado las imágenes, al objeto de proceder, en su caso, al ejercicio de las actuaciones oportunas para salvaguardar los derechos de los actuantes, o a su sanción administrativa o penal si se hiciese un ulterior uso irregular de los datos o imágenes en el sentido antes expuesto
23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
La Sentencia de la Audiencia Nacional 4890/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
El 18 de diciembre de 2019, la Audiencia Nacional, resolvió la controversia judicial planteada por la Policía contra la Instrucción del Ministerio del Interior.
Sentencia de la Audiencia Nacional 4890/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (extracto)
Para la policía el término “uso” incluía la captación y grabación de imágenes, independientemente de su utilización o difusión posterior. Sin embargo, la Secretaria de Estado del Ministerio del interior considera que la toma de imágenes no es constitutivo de infracción, para ser sancionable deben darse además dos requisitos adicionales:
Uso no autorizado y que este uso ponga en riesgo la seguridad.
Respeto al derecho fundamental a la información.
La Audiencia Nacional resuelve y desestima el recurso del Sindicato de Policía y considera que la Instrucción de la Secretaría de Estado respeta los derechos a la seguridad e intimidad de los funcionarios y que debe existir la puesta en peligro para la seguridad de los agentes o familias para considerar que existe infracción por grabar a la Policía.
Además, recalca que el posterior uso irregular puede ser sancionado, lo que sigue otorgando protección a la intimidad y la propia imagen de los funcionarios.
En conclusión, la respuesta es un claro y rotundo SÍ, como norma general se puede grabar a la policía. Como has podido ver vas a obtener resistencia por parte de los agentes, históricamente así ha sido y tiene pinta que así va a seguir siendo. La derogación de la Ley Mordaza sería un paso importante hacia la normalización del control de la actuación de los agentes y de su fuerza.
A tener en cuenta si decides grabar a la Policía
Si tienes claro que en caso de necesidad vas a grabar a la Policía –¡valiente!–, debes saber que:
Puedes hacerlo en un lugar público o abierto al público.
No debes usar las imágenes si ponen en riesgo su seguridad.
Si se dan cuenta pueden identificarte por si en el futuro le das un mal uso (negarte a ser identificado es una infracción de la Ley Mordaza).
Es recomendable grabar en streaming, subir a la nube de forma inmediata por si te requisan el móvil.
¿Porqué en un estado de derecho poder grabar a los policías equilibra las fuerzas?
Dada la naturaleza de las funciones que otorga el Estado a la Policía, la Guardia Civil y el Ejército, sus miembros deberían ofrecer transparencia extrema en su desempeño. La grabación en vídeo de sus interacciones con los ciudadanos es un mecanismo eficaz para conseguir este objetivo.
A mayor poder para la policía, mayor obligación de responsabilidad y transparencia
«A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por parte de las Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la coacción jurídica, lo que hace imprescindible la utilización de armas por parte de los funcionarios de policía. Ello, por su indudable trascendencia sobre la vida y la integridad física de las personas, exige el establecimiento de límites y la consagración de principios, sobre moderación y excepcionalidad en dicha utilización, señalando los criterios y los supuestos claros que la legitiman, con carácter excluyente.»
La ley otorga a los funcionarios de policía un gran poder, la capacidad de portar y hacer uso de las armas. No obstante, con el mismo énfasis, deja claro que dicho poder queda restringido a situaciones excepcionales y que deberá ser ejercido con moderación, bajo criterios muy precisos.
Cuando una persona se convierte en agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asume un rol en la sociedad que comporta una responsabilidad inmensa. Para empezar, va a poder portar armas, mientras que el resto de los ciudadanos lo normal es que no. Esto le coloca en una posición de poder. Por ello, los policías, guardias civiles y miembros del ejército deberían estar predispuestos a que se les grabe en actos de servicio. Es la forma de equilibrar la asimetría generada, ¡qué menos!.
Las grabaciones como respaldo para los ciudadanos para equilibrar la asimetría de poder
Las grabaciones en vídeo de los agentes en el momento de desempeñar sus funciones sirven a los ciudadanos de respaldo. En caso de que necesiten reclamar o denunciar una mala actuación policial, dispondrán de un testimonio gráfico que les respalde.
Además, no hay que olvidar que los funcionarios de policía, en la vía administrativa, gozan de lo que en términos jurídicos llamamos «presunción de veracidad». Esto significa, en pocas palabras, que en situaciones en las que intervengan ellos su palabra tiene más valor que la del resto de los ciudadanos. Una grabación oportuna puede corregir posibles abusos de poder.
Reflexión final sobre el derecho a grabar a los policías
Si los ciudadanos toleramos que los policías y guardias civiles porten armas, qué menos que ellos se dejen grabar mientras están desempeñando sus funciones. Puede que el uso de dichas armas sea un mal necesario en nuestra sociedad, o no, pero, en cualquier caso, de serlo deberá ir acompañado del derecho de los ciudadanos a grabar a quienes las emplean en su día a día, en su jornada laboral. Debe existir un contrapeso.
