1 - FRANCISCO AMORES CUESTA
2 - ROSA MARIA LOPEZ YAÑEZ
3 - MARIA DEL MAR PERALES PEREZ
4 - MARÍA RESCALVO BERBEL
5 - FERNANDO RUIZ BENAVIDES
6 - DOLORES ZAMORA TORRECILLAS
7 - MARCOS CANALES DUQUE
8 - MERCEDES MENSAN LAINEZ
9 - NICOLAS PERALES LOZANO
10 - JOSE A. MARTOS IRUELA
11 - ALBA PUERTO MOYA
12 - MIGUEL CHILLON BAUTISTA
13 - BIENVENIDO LOPEZ BUSTOS
14 - Mª MERCEDES GARCIA MENSAN
15 - MIREIA MARTOS MARIN
16 - JOSE PIÑAR TEJERINA


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miércoles, 31 de marzo de 2010

SEMANA SANTA DE L@S PARAD@S









OS ADJUNTAMOS ALGUNAS FOTOS DE LAS PROCESIONES QUE ESTÁN REALIZANDO ESTOS DÍAS, QUIÉNES NO TIENEN EMPLEO, PRESTACIONES NI AYUDAS.


Y QUE ES@S SI QUE ¡ ESTAN CRUCIFICAD@S DE VERDAD! Y SUFRIENDO EL MARTIRIO Y LA INJUSTICIA EN SUS CARNES.

viernes, 26 de marzo de 2010

SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO



Esta misma mañana hemos presentado un escrito solicitando la Adhesión de nuestro Ayuntamiento a LA HORA DEL PLANETA y el APAGÓN ELÉCTRICO que se producirá mañana sabado.

jueves, 25 de marzo de 2010

APAGÓN POR EL PLANETA: SABADO 27 A LAS 20,30 HORAS



















La HORA DEL PLANETA dejará a oscuras, este sábado y durante una hora, a 2.848 ciudades de 84 países en señal de lucha contra el cambio climático, una iniciativa convocada por el Foro Mundial de la Naturaleza (WWF).



El sábado de 20.30 a 21.30 horas (hora de cada ciudad participante) ciudadanos, empresas, gobiernos y organizaciones alrededor del mundo apagarán sus luces para demostrar a los dirigentes políticos su preocupación por el cambio climático.



Las pirámides de Giza (Egipto), el Coliseo de Atenas, la Torre Eiffel de París, el Coliseo en Roma o el puente Golden Gate en San Francisco son algunos de los lugares emblemáticos que apagarán sus luces por el futuro del medio ambiente.Además, participarán ciudades de 47 países emergentes como Brasil, Ecuador, Argentina, Turquía, México, China o India.



"Todo el planeta funcionará el sábado como una sola comunidad para trasmitir a los líderes que toman las decisiones sobre medio ambiente que necesitamos un acuerdo ambicioso, un acuerdo justo y efectivo, un acuerdo fundamentado en la ciencia".



Según Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU "debemos preocuparnos por el cambio climático", y "hacer nuestro aporte para favorecer al mundo".

La campaña mundial comenzará en Nueva Zelanda -debido a la diferencia horaria- donde todos los generadores de diesel de las islas Chatham, un pequeño archipiélago en la costa este, serán apagados a la hora convenida.



El apagón mundial se irá trasladando hacia el oeste, desde las principales ciudades de Asia-Pacífico, hasta Europa y el continente americano.La iniciativa pretende llamar la atención de los dirigentes que participarán en la reunión de Copenhague en diciembre, donde se firmará un nuevo tratado global sobre el cambio climático que sustituirá al de Kyoto.Incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, hizo un llamamiento a la población de todo el planeta para que participe en esta iniciativa y recalcó que "la Hora del Planeta es una forma para los ciudadanos de enviar un mensaje, pedir acciones concretas ante el cambio climático".





El primer año en que se realizó la Hora del Planeta en 2007 en Australia, y contó con la participación de más de 2 millones de personas.Un año después, el evento se convirtió en el movimiento más grande del mundo frente al cambio climático, al contar con la colaboración de más de 100 millones de personas en más de 350 ciudades.



Según Ban Ki-Moon esta edición promete ser "una de las demostraciones públicas más grandes que se han intentado", mientras que el WWF considera que se logrará implicar a más de 1.000 millones de personas.


Desde el Consejo Local de IZQUIERDA UNIDA solicitaremos al Ayuntamiento Cazorleño el que se sume a esta iniciativa mundial.

martes, 23 de marzo de 2010

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICOS



ANDALUCIA LAICA DENUNCIA LA CELEBRACION DE PROCESIONES EN CENTROS PUBLICOS




Que el pasado año denunciamos la realización de actividades religiosas en diferentes colegios de Andalucía, concretamente desfiles procesionales de semana santa.


Que de nuevo al Observatorio de la Laicidad nos llegan denuncias sobre diferentes centros que están realizando estas actividades y que se viene justificando como un “aspecto cultural andaluz”.


Que desde Andalucía Laica se considera que estas actividades, preparación de pasos, desfiles procesionales,… suponen un atentado a la libertad religiosa de quienes no comparten estas creencias y manifiestan su derecho a que sus hijos no tengan este tipo de catequesis.




Entendemos que suponen una vulneración de dicha libertad, al suponer un “ilícito proselitismo que ejerce presión psicológica” (Que según Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de mayo de 1993, supone el límite al derecho de difusión o proselitismo de las creencias).




Con ello el Tribunal tuvo la intención de poner coto a la tentación de abusar de posiciones de preeminencia para manipular conciencias ajenas.


Que con independencia de que los participantes en dichos actos sean voluntarios, la celebración de los mismos con carácter general del centro vulnera el derecho de quienes tienen otras convicciones.




Lamentamos que en pleno siglo XXI se siga abusando de la preeminencia sociológica de una confesión religiosa para imponer este tipo de actos que vulneran derechos individuales reconocidos en nuestra Constitución, en la Carta Europea de Derechos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en todos los casos mantienen la igualdad jurídica de las creencias religiosas con cualquier otra idea o convicción.


En ese sentido rechazamos este tipo de celebraciones, como las que en ocasiones se realizan en algunas universidades o centros con motivo del Ramadán. Entendemos que la solución para respetar el derecho a la libertad de conciencia no es el pluriconfesionalismo, ni la celebración de todas las fiestas religiosas en un centro docente, sino la formación y el conocimiento en estas y otras materias que forman parte de nuestra cultura, pero nunca con un carácter confesional y de participación en una festividad propia de una creencia. Para ello la sociedad tiene sus ámbitos, diferentes al escolar.


Por todo ello se SOLICITA
Que por la Consejería abran los oportunos expedientes informativos para esclarecer los hechos y se den instrucciones claras a todos los centros para salvaguardar la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que está siendo vulnerada con estos actos.

miércoles, 17 de marzo de 2010

CONTRA EL CAPITALISMO, TOD@S A SEVILLA EL VIERNES






El viernes dia 19 por la mañana se reune Zapatero con sus ministros en los Reales Alcazares de Sevilla (al laito de la catedral). El SAT esta convocando a todos los trabajadores/as a las 10 de la mañana, en la Plaza de la Catedral. hay que pedirle a Zapatero y sus ministros, medidas urgentes contra el paro, Andalucía esta sufriendo las consecuencias de la crisis con mucha mas dureza que otros territorios del estado español. Nos vemos a las 10. No podemos desperdiciar esta oportunidad para mostrar nuestra rabia contra un gobierno que solo da dinero a los ricos.



¡Animo a todos/as!. CONTRA EL CAPITALISMO, LUCHA A MUERTE

domingo, 7 de marzo de 2010

8 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA






MANIFIESTO 8 DE MARZO.
“La igualdad no puede esperar”
Celebramos el Día Internacional de la Mujer dentro de una persistente y grave crisis económica, donde la incapacidad del Gobierno para atajarla está dando lugar a medidas que atacan directamente a la sociedad del llamado bienestar y a las conquistas sociales de la clase trabajadora, con políticas neoliberales cada vez más agresivas. En este contexto las consecuencias son aún mayores para las mujeres debido a las desigualdades históricas que ya de por sí se arrastran. Es por ello que la igualdad no puede esperar, sólo con la igualdad efectiva y real las mujeres podremos superar las condiciones que nos están imponiendo.



Es especialmente relevante la rentabilización espuria del Gobierno del PSOE, en su semestre de presidencia de la Unión Europea. Utilizando leyes como la de Igualdad, violencia o la de interrupción voluntaria del embarazo, para silenciar el desastre económico y la ausencia de avances sociales; y dar una imagen de avanzadilla europea en políticas de igualdad, que dista bastante de la realidad, no sólo por los escuetos contenidos y por su decepcionante aplicación, sino por su evidente desinterés por estas políticas, como bien muestra la ridícula asignación económica en los Presupuestos generales del Estado.



El Área Federal de la Mujer de IU denuncia en este 8 de marzo la pasividad por parte del gobierno que definitivamente a quien está perjudicando más es a las mujeres. Las propuestas en torno a los Pactos de Toledo, indican que los sectores económicamente más deprimidos, van a sufrir con dureza los efectos de una crisis generada por el gran capital. Entre ellos las mujeres somos las directamente señaladas por la reforma de las pensiones, los recortes salariales, el abaratamiento de los despidos,... ya que somos nosotras las que desde el principio tenemos peores condiciones laborales. Los últimos datos ofrecidos por el INI no dejan duda: de los 2.470.700 trabajos a tiempo parcial de último trimestre 1.917.800 son ocupados por mujeres (101.800 más que hace tres meses) y la tasa de paro femenina está en el 19,07 %. Las medidas que el gobierno del PSOE adopta, están exclusivamente encaminadas a seguir potenciando la industria inmobiliaria, el ladrillo y la especulación urbanística, dejando a un lado la inversión en infraestructuras y servicios públicos.



Con esta política, no sólo se sigue potenciando el paro en los demás sectores productivos, sino que además, se deja a las mujeres en una situación de mayor precariedad que antes. El gobierno del PSOE ha echado en el olvido hasta sus propios compromisos laborales adquiridos en la ley efectiva de igualdad.



IU exige al Gobierno:
-Que el fondo de inversión local para el empleo se acompañe del obligatorio informe de impacto de género que garantice el empleo de mujeres en iniciativas laborales socialmente necesarias.
-Que en la Inversión pública se primen inversiones e infraestructuras de servicio público, no limitándose a sectores eminentemente masculinizados como la construcción, el asfalto y el automóvil.
-Que se acabe de una vez por todas con las diferencias salariales entre hombres y mujeres en puestos de trabajo de igual valor.
-Que se incluya obligatoriamente en los contratos públicos, medidas reales de igualdad en la contratación y en el empleo.
-Que se obligue a las empresas públicas y privadas a que tengan Planes de Igualdad.
-Que se reconozca la contribución económica de las mujeres en los trabajos no considerados como productivos (crianza, cuidado, tareas domésticas, etc.)
-Que se asigne el 5 % del total del Presupuesto a políticas “mujer” específicas y transversales. En este 8 de marzo hacemos un llamamiento a las movilizaciones que desde el movimiento de mujeres, se realicen a favor de la igualdad efectiva de las mujeres.

¡Por los derechos de las mujeres!


La igualdad no puede esperar


La salida a la crisis con políticas de izquierdas es posible

viernes, 5 de marzo de 2010

CIEN PROPUESTAS DE IZQUIERDA UNIDA PARA DAR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS










El Consejo Científico de ATTAC estima que 1.400 personas controlan y gestionan actualmente en España un capital equivalente al 80% de su PIB.

Con un enfoque democrático cualquier salida social de la crisis debe atender prioritariamente a los intereses del resto de la población, no de los más ricos.

Con un enfoque de justicia social, los trabajadores, los pequeños empresarios y los autónomos, los jóvenes, las mujeres, los pensionistas y los inmigrantes ya han arrimado el hombro. Toca ahora el compromiso de los poderosos.

Con un enfoque de rigor técnico sólo se puede adelantar la salida de la crisis si se la considera como una crisis de demanda. Por tanto, hay que elevar el consumo privado, el gasto y la inversión pública.

Izquierda Unida propone al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas parlamentarias un conjunto de medidas basadas en los anteriores criterios
Las medidas están constituidas por

Un Programa por importe de 10.000 millones de euros más 1.800 millones de las CC.AA. para crear empleo




Una propuesta para la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal como elemento determinante para la financiación del gasto público y la mejora del déficit

Una propuesta de apoyo a las pequeñas empresas y autónomos para superar sus problemas de liquidez y crédito y facilitar su actividad, que permitirá la creación de empleo

100 medidas concretas para una salida social de la crisis

I.- MEDIDAS TRANSVERSALES URGENTES
Primera:
PROGRAMA 10.000 MILLONES PARA CREAR EMPLEO DURANTE 2010 (+1.800 millones desde las CC.AA.)

1.1.- Medidas

1.- Transformar las actuales ayudas a los trabajadores sin ningún tipo de prestación en 300.000 empleos en un Programa de Formación/Empleo en colaboración con los Ayuntamientos.

2.- Subvención del 25% de las obras de rehabilitación y eficiencia energética, modernización de las instalaciones eléctricas y de fontanería, mejora de la accesibilidad de las primeras viviendas residenciales hasta un límite de 5.000 millones de euros. Esta ayuda sería acumulable a otras con la misma finalidad actualmente vigentes. Movilizaría 20.000 millones de euros.

3.- Programa de reforzamiento del empleo público, por un importe de 500 millones de euros, en los servicios sociales y en actividades vinculadas a la mejora del modelo productivo dependientes de la Administración General del Estado.

4.- Transferencia extraordinaria de 1.500 millones de euros a las CC.AA. para financiar con carácter finalista la creación de empleo en el marco de las competencias autonómicas. El volumen de transferencias sería proporcional al número de parados existentes en cada Comunidad Autónoma según los datos de la EPA

5.- Programa de reforzamiento de empleo público en los servicios sociales gestionados por las CC.AA., que permita la contratación de trabajadores por importe global en el conjunto del Estado de 1.800 millones de euros, financiados por la Recuperación del Impuesto sobre Patrimonio.

1.2.-Desarrollo, cuantificación y valoración de estas propuestas

a) Programa de Formación /Empleo

Características:
5 horas de trabajo y 2 de formación
Naturaleza del trabajo:
Tareas complementarias a las actividades municipales, ayuda de proximidad a personas y colectivos. En ningún caso podrían sustituir puestos de trabajo estructurales
Cuota de género: 50% para hombres y 50% para mujeres
Salario bruto: 700 euros mensuales
Costes:
Coste anual del Programa propuesto: 4.500 (incluye el gasto en formación)
Coste actual de la ayuda de 420 euros: 1.500 millones de euros
Coste adicional: 3.000 millones de euros
Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 1.755 millones de euros
Coste real en déficit (sin contar retornos por IVA): 1.245 millones de euros




b) Subvención a la rehabilitación de viviendas

Previsión de puestos de trabajo: 700.000
Coste: 5.000 millones de euros
Retorno en IVA (sin la reforma contenida en el punto 77 de este documento): 3.200 millones de euros
Retorno en IVA (con la reforma del punto 77 ): 2.300 millones de euros
Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 4.000 millones de euros
Hay un retorno adicional difícil de calcular por la disparidad de las Ordenanzas Municipales al respecto, pero significativo en tasas por licencia de obras, que beneficia las Haciendas Municipales




c) Empleo público estatal
Estimación de puestos de trabajo: 10.000




Agencia Tributaria
Inspección de Trabajo
Servicio Público de Empleo
ICO y desarrollo de la Banca Pública
Otros servicios sociales y de interés económico

d) Fomento del empleo por las CC.AA., subvencionado por el Estado
Empleo estimado: 40.000

e) Empleo público de las CC.AA. (financiado por la reposición del Impuesto de Patrimonio)

Estimación: 45.000 puestos de trabajo

Personal educativo para mejorar la escolaridad de 0 a 3 años.
Personal asistencial para asegurar la aplicación de la Ley de Dependencia
Personal sanitario (especialmente enfermeras y pediatras) para mejorar la calidad de los servicios de salud pública.
Personal para mejorar la calidad de otros servicios sociales, competencia de las CC.AA.




1.3.-Detalle Global del Programa

Estimación de puestos de trabajo: 1.105.000

Coste adicional total: 10.000 millones de euros financiados por el Estado y 1.800 por las CC.AA.

Retorno en impuestos y Cotizaciones a la Seguridad Social: al menos 8.630 millones de euros.

La financiación del Programa está asegurada por las medidas propuestas en el apartado dedicado a las Propuestas fiscales.

Conviene tener muy en cuenta a la hora de valorar este Programa los retornos en impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social, así como el impacto sobre los ingresos municipales.

Segunda:
COMBATIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL

El fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema financiero.
Limitan la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen el futuro desarrollo económico y social del país.
Producen desigualdad en las aportaciones de los distintos colectivos de contribuyentes, rompiendo los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema, fomentando la desvinculación de los contribuyentes con sus deberes fiscales y generando agravios y desvertebración social.
El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su importante potencial. Diversos estudios solventes fijan el volumen de economía sumergida en nuestro país entre el 23 y el 25% del PIB. Las consecuencias positivas para la recaudación fiscal de medidas enérgicas y eficaces son evidentes. Una disminución de esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB
La oferta del Gobierno de comenzar a resolver este tema nos parece positiva, a condición de que las medidas sean eficaces y el Plan se dote de medidas serias.
Estas medidas, desde nuestro punto de vista, son:
6.- Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
7.- Aumentar el personal de la AEAT hasta converger con la media europea
8.- Cambiar los procedimientos de trabajo de la AEAT, buscando la calidad de la inspección más que la cantidad. Reformar la metodología, la organización y la distribución del trabajo y las competencias internas.
9.- Cumplimiento efectivo y urgente de las medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 28 de octubre de 2008, así como de las Resoluciones 3.9 y 19.1, apartado 5 de las aprobadas también por el Pleno en su sesión del día 19 de mayo de 2009, con motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación

Tercera:
APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
10.- Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO-liquidez, que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas.

11.- Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas con 1.500 millones de € para los gastos de estudio y coste de avales de operaciones de crédito y avales técnicos. Esto permitiría movilizar del orden de 100.000 millones de € en inversión productiva.

12.- Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro para facilitar crédito a las empresas avaladas por las SGR

13.-Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.
a) Proponemos reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.
b) Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.

II.- MEDIDAS AGRUPADAS EN FUNCIÓN DE LOS TEMAS DE NEGOCIACIÓN PROPUESTOS POR EL GOBIERNO

A.- MEDIDAS PARA FOMENTAR LA “COMPETITIVIDAD” DE LA ECONOMIA ESPAÑA Y FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEO

Art. 128 de la Constitución Española
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Consideraciones sobre el concepto de “competitividad”




Izquierda Unida no considera el concepto de “competitividad” como un término funcional para constituir un eje positivo de salida de la crisis. Es una idea con un contenido principalmente ideológico que finalmente tiende a materializarse exclusivamente en la competencia vía precios.

Desde nuestro punto de vista, el concepto de competitividad oculta el enfrentamiento salarial y de condiciones laborales a la baja de trabajadores de distintas regiones del mundo y la prioridad del beneficio empresarial. La variable determinante en cualquier análisis de competitividad es la optimización del beneficio empresarial. Y esto no tiene por qué traducirse en más empleo.

Desde Izquierda Unida preferimos utilizar el concepto de rentabilidad social, que si tiene que ver directamente con la cantidad y calidad del empleo y trabajar en el análisis diferenciado de las distintas ventajas comparativas.

Criterio sobre el punto 1.1. relativo a la mejora de la regulación




Izquierda Unida considera que este punto se corresponde con la aplicación de la Directiva de Servicios de la UE a la que nos hemos opuesto y cuya aplicación consideramos contraria a los intereses de las pequeñas empresas. Es posible que en algunos aspectos técnicos la simplificación de ciertos procesos administrativos pueda jugar un papel positivo, pero es necesario conocer la formulación exacta que, a este respecto, propone el Gobierno.
Propuestas

14.- La revisión del derecho concursal debe otorgar prioridad a las deudas con los trabajadores y la Seguridad Social. Una vez iniciado el procedimiento debe incorporarse la terminación del contrato de trabajo con la finalidad e que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones pro desempleo.

15.- Izquierda Unida se opone a la colaboración público-privada en todo lo que se relacione con servicios públicos, puesto que nos encontramos en un procedimiento de privatización que encarece el coste y rebaja la calidad del servicio. Las experiencias ya existentes en Europa y en España muestran que un proyecto de colaboración público/privado encarece los costes financieros. Los gastos en consultoría, elimina la competencia una vez elegido el socio, posterga el criterio de rentabilidad social ante la exigencia de dividendos de la parte privada y produce una extremada rigidez en el contrato por su larga duración (normalmente más de 30 años).

Consideraciones sobre la internacionalización de la empresa española

No es posible mantener los mismos elementos dentro del marco de mejora de la posición internacional de las empresas españolas que hace 30 o más años. El esquema que propone el Gobierno forma parte de la literatura de la administración comercial española desde hace decenios sin que las medidas adoptadas hayan mostrado una eficacia significativa a lo largo de este período. La deficiente internacionalización de la mayoría de las empresas tiene mucho más que ver con problemas del modelo de gestión empresarial que con otras circunstancias.

Izquierda Unida considera que es necesaria una reforma global de los criterios de apoyo que utiliza la Administración Comercial Española, la reforma de los Organismos afectados (ICEX, CESCE, COFIDES, etc.), la adecuación de sus objetivos, y la utilización de criterios de calidad y eficiencia del gasto.

I+D, Innovación y Universidades

16.- Un nuevo enfoque sobre I+D. Los PGE 2010 dedicados a I+D han sufrido un fuerte recorte de sus recursos (5,5%), que ha estado básicamente centrado en la financiación del sector público de la investigación. Iu quiere confirmar con el Gobierno que la I+D+i forma parte de la estrategia para salir de la crisis. Los recursos dedicados a fabricación de armamento, siguen siendo exorbitantes, mayores que el total del Fondo Nacional más el FIS. Además no son gastos contabilizables como I+D, según las normas internacionales. No cesan de incrementarse los préstamos y anticipos vinculados al capítulo VIII, que ya constituye casi dos tercios (63%) de los fondos destinados a I+D+i: esto supone la masiva transferencia de recursos al sector privado, además de la política de estímulos fiscales para fomentar la I+D empresarial, la más generosa de toda la OCDE.

Si las políticas públicas no van más allá de inyecciones interminables de recursos y ayudas fiscales a la I+D+i, no se cambiará de modelo. El Estado debe asumir su responsabilidad y su papel determinante diseñando instrumentos capaces de movilizar recursos públicos y privados, promoviendo la corresponsabilidad y no la subsidiariedad de lo público, incorporando transparencia, y orientación en el destino de los excedentes empresariales. Especialmente importante es la participación de Centros Tecnológicos, OTRIS y otros organismos que actúen como interfases entre los sectores productivos y el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE). Hay que profundizar en las formas de colaboración entre actores, en el necesario aprendizaje por la interrelación, y no en la pura transferencia. Es imprescindible potenciar y favorecer el cambio cultural y organizativo necesario para que las empresas pasen de la innovación más o menos ocasional a la innovación sistemática, haciendo posible la transformación eficiente del conocimiento en bienes
y servicios para la sociedad.

Propuestas sobre educación:

17.- Generalización de la formación hasta los 18 años, ampliando la FP (cuya oferta sigue siendo insuficiente e inadecuada) y abriendo nuevas modalidades formativas que permitan también simultanear estudio y trabajo remunerado antes de la incorporación plena al empleo.

18.- Frente a la “Estrategia Universidad 2015”, que no ha sido debatida ni acordada con nadie, proponemos la necesidad de abrir un amplio debate social sobre el futuro de la Universidad Pública, con participación activa de todos los sectores de la comunidad universitaria. Ello requiere, con carácter previo, paralizar la aplicación del proceso de Bolonia Queremos que se aumente la financiación a las Universidades Públicas y que las universidades privadas no se financien con fondos públicos y que haya un control de las administraciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para la implantación de estudios y para el desarrollo de la enseñanza y la investigación. No permitir la utilización de servicios públicos (por ejemplo, centros de salud) por universidades privadas.

19.-Las titulaciones deben desvincularse de criterios exclusivamente mercantilistas y economicistas y valore, como se venía haciendo hasta ahora, la importancia del conocimiento para la formación científica, cultural y humanística de las y los estudiantes.

20.- Incrementar los fondos destinados a las universidades públicas hasta alcanzar el 2% del PIB. Gratuidad de los estudios universitarios, junto con un sistema generalizado de becas-salario y que los másteres oficiales sean igualmente gratuitos al igual que los grados, paliando así al menos el diseño de ciclos, que tal como está, implica una minusvaloración evidente del título de grado: al considerarle de carácter generalista, lo cual le confiere, a los que lo obtengan, una limitada credencial en el mercado de trabajo. Que en caso de ser necesarios los préstamos renta, estos sean financiados por entidades públicas y no por la banca privada, que no sustituyan a las becas y solo constituyan una ayuda para los estudiantes que no puedan acceder a las becas por superar el umbral de renta.

21.- Negociar con los sindicatos un Estatuto del Personal Universitario estableciendo el cuerpo único docente.

Consideraciones sobre la futura Ley de la Ciencia

La futura Ley de la Ciencia debe tener los siguientes objetivos:

Ayudar a la creación de un tejido productivo de calidad en el que la innovación e investigación jueguen un papel fundamental.
Responder a la nueva realidad autonómica, asegurando la coordinación efectiva de las actividades de I+D+I entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas.
Establecer un marco adecuado de relaciones entre el sector público y las empresas. Un marco que tenga en cuenta las características de la I+D de las instituciones públicas y de innovación de las empresas, y que sea claro y seguro para todos: empresas e instituciones públicas, con criterios claros sobre propiedad industrial e intelectual, y sobre los retornos de las actividades comunes; y de participación de las instituciones públicas en resultados y modelos de relación entre Spin-off y sus centros de origen.
Incluir el derecho a la carrera profesional evaluable para el conjunto de las funciones de investigación: científicos, técnicos y de gestión en el marco del Estatuto del Empleado Público y sujeto a las normas de negociación incluidas en el mismo, dignificando y dando estabilidad al colectivo en su conjunto.
Asegurar la financiación adecuada y el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Nacional de Reformas de alcanzar el 2 por ciento del PIB para 2010.

Es preciso configurar el Programa Marco de Investigación e Innovación Tecnológica (PMI) se plantea como el instrumento primordial de la política científica y tecnológica de la AGE, diseñado y financiado en colaboración con las Administraciones Autonómicas, para impulsar el desarrollo del sistema español Ciencia-Tecnología-Empresa. Un programa elaborado con participación en términos de igualdad (con las correcciones oportunas según PIB, población, inversión en I+D+i, etc.) a imagen del Programa Marco Europeo; y financiado por todas las administraciones, que aseguraría el cumplimiento del principio de subsidiariedad, de no duplicar esfuerzos.

Política de transportes

Consideramos conveniente un Plan Integral de Transportes con los siguientes contenidos: Preferencia del ferrocarril a la carretera. Prioridad a las líneas de 220 km. por hora. Consideración de las infraestructuras de transporte como bien público. Desarrollo de la interfase barco-tren y del acceso ferroviario a los puertos.

Política de ayuda a las pequeñas empresas y los autónomos

Además de las propuestas contenidas en el apartado I de este documento, Izquierda Unida defiende las siguientes medidas:

22.- Retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que la factura haya sido efectivamente cobrada.

23.-Asegurar el límite de 30 días en el pago por las Administraciones Públicas de las deudas a los proveedores de bienes y servicios. Actualmente, las Administraciones Públicas (contando sus empresas y entes vinculados o dependientes) deben más de 30.000 millones de euros a sus proveedores. Una medida eficaz y urgente para solucionar el problema es habilitar un procedimiento por el que las empresas y autónomos puedan compensar estas deudas en el pago del IVA, de Sociedades o de IRPF.

24.-Aprobación de una línea especial de crédito del ICO, sin intermediación, para hacer frente a la ejecución del pago de estas obligaciones con interés igual al precio oficial del dinero fijado por el BCE.

25.- Promulgación de una Ley sobre morosidad, que obligue al pago a proveedores en un máximo de 90 días en todos los contratos privados.

26.- Apoyo público a la creación de Cooperativas de Comercialización que permitan la agrupación de la oferta frente a las grandes superficies y la venta directa a los consumidores.

Energía

27.-Desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos energéticos. Los criterios de cualquier política energética deberán ser: ahorro y eficiencia, fuentes limpias y distribuidas y democratización del control. Izquierda Unida mantiene su oposición a las centrales nucleares.

28.- Apoyar la rehabilitación de viviendas, autoconsumo como propuesta estratégica (considerando las pequeñas instalaciones –menos de 10Kw- como un electrodoméstico, y subvencionarlas), y potenciación de parques de renovables combinados para autoconsumo municipal.

29.- Impulsar un nuevo patrón energético, cuya palanca de cambio sea el sector público. Avanzar en la reducción de la dependencia de la generación centralizada de energías basadas en combustibles fósiles y sustituirlo por un modelo descentralizado de generación, preferentemente basado en el aprovechamiento de la energía solar y, aunque en menor medida, de sistemas intercomunicados de energía eólica. Edificios, grupos de edificios y casas aisladas deben y pueden convertirse en centros generadores de energía tendencialmente autosuficientes e interconectados entre sí. Sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, y sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta. Nacionalizar las redes básicas de suministro energético tanto de electricidad como de hidrocarburos. Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.

30.- Planificación energética pensada desde un enfoque de demanda, elaborada con participación social, para conseguir la satisfacción de las demandas sociales de servicios energéticos con consumos energéticos tan bajos como sea posible. Sólo se instalarán centrales de generación basadas en fuentes no renovables cuando esté probado que no existen posibilidades de ahorro o de suministro a partir de fuentes renovables.

31.- Creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública y con presencia de los trabajadores y los agentes sociales para impulsar las políticas de ahorro y uso eficiente de la energía.

Vivienda

32.- Desarrollar mediante Ley Orgánica el derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución y la exigencia de su cumplimiento efectivo ante las Administraciones Públicas.

33.- Invertir en la adquisición de 100.000 viviendas a precio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en Alquiler moderado. El alquiler no deberá ser superior al 30% de los ingresos de los inquilinos.

34.- Suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de trabajadores parados. Acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, para que el embargado continúe en el uso de la vivienda (el derecho de uso no es embargable según la Ley Hipotecaria) a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo.

35.- Modificación de la legislación hipotecaria y el Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.

Turismo

36.- Recuperación de entornos y costas, implantación de la ecotasa, inversión en turismo cultural y de interior, Desarrollo del turismo social. Deconstrucción de infraestructuras turísticas obsoletas, agresivas con el medio ambiente o insostenibles.

B.- POLÍTICA INDUSTRIAL PARA IMPULSAR LA RENOVACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

El modelo productivo perverso existente en España ha originado un modelo de relaciones laborales igualmente perverso. Y ese modelo ha fundamentado el patrón productivo en una relación reciproca de causa/efecto.

Por tanto, si se quiere cambiar seriamente el modelo productivo es imprescindible modificar el esquema de las relaciones laborales en el país y hacerlo en un sentido radicalmente diferente al que propone la gran patronal española. Conviene subrayar que además de las especulación urbanística y el desarrollo de sectores de escasa productividad y poco valor añadido, el modelo productivo español se caracteriza, en comparación con los principales socios europeos, por los bajos salarios, la escasa protección social, la temporalidad de la contratación, el alto índice de siniestralidad y el escaso cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios colectivos.

Izquierda Unida fundamenta sus propuestas en estos planteamientos básicos. Izquierda Unida tiene en cuenta que una parte de ellas debe ser objeto de negociación salarial en primer lugar, pero no considera eso un impedimento para expresar su posición. Ninguna medida concreta podrá salir adelante si no existe un planteamiento global y coherente.

B.1.- MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL CAMBIO DEL MODELO DE RELACIONES LABORALES:

a) Contratación
37.- Recuperar el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida. En consecuencia planteamos los siguientes tipos de contrato:

a) Contrato de trabajo indefinido
b) Contrato de trabajo con duración establecida. Deberá obedecer a una causa concreta y ser autorizado por la Inspección de Trabajo en su adecuación al principio de causalidad, a la Legislación laboral general y al Convenio Colectivo aplicable.
c) Las becas serán transformadas en contratos de trabajo con plenos derechos a todos los efectos.

38.- Penalizar la cotización por desempleo a la Seguridad Social en los contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.

39.- Mantener la protección judicial en los casos de despido y la indemnización por despido improcedente en 45 días en todos los contratos.

40.- Supresión de las ETT

41.- Eliminación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 52, c. del Estatuto de los Trabajadores; reforma introducida por el PP en el 2002).

b) Medidas de distribución del trabajo

42.- Reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción de medidas especiales de conciliación para las personas con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores dependientes.

43.- Control eficaz de las horas extraordinarias y de sus límites.

44.- Reducción progresiva de la edad de jubilación con plenos derechos hasta los 60 años.

45.- Racionalización de los horarios de trabajo. Aproximación al sistema de horarios europeos.

c) Medidas salariales

46.- Elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio (aproximadamente 1.100€) antes de que termine la legislatura.

47.- Estudio de la conveniencia de fijar salarios mínimos superiores en determinados sectores o ramas de la producción, sobre la base del 60% del salario medio del sector o rama.

48.- Priorizar en la negociación colectiva la elevación de los salarios más bajos, estableciendo cláusulas diferenciadas para los salarios inferiores a 2 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

d) Propuestas sobre otros derechos laborales

49.-Garantizar los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los procesos de subcontratación y externalización, estableciendo el cumplimiento conjunto y solidario de las obligaciones salariales y del conjunto de las derivadas de la negociación colectiva, de cotización a la Seguridad Social y fiscales.

50.-Cumplimiento de lo establecido en el art. 8 del Estatuto de los Trabajadores en relación al contrato verbal y el contrato de hecho a los efectos de obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social.

51.-Reforzamiento de la Inspección de Trabajo hasta alcanzar la media europea de un inspector cada 7.000 trabajadores. (En España la relación es de un inspector por cada 27.000).

52.- Condicionamiento de la aplicación del llamado modelo alemán como medida provisional sustitutiva de los ERE temporales en los siguientes términos:
a) reducción máxima limitada al 50% de la jornada real
b) prohibición estricta de realizar horas extraordinarias salvo en caso de fuerza mayor
c) mantenimiento del 100% de la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa
d) Mantenimiento del derecho al desempleo derivado de los nuevos períodos de cotización.
e) Asociación de programas de formación a la disminución de la jornada ordinaria.
f ) Medidas para asegurar la participación democrática de los trabajadores en la gestión de las empresas y en la planificación de la economía reconocida en la Constitución Española.

53.- Reconocimiento del derecho de los trabajadores a participar en la gestión de las empresas y en la distribución del excedente empresarial mediante la promulgación de una Ley de Participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión de las empresas.

54.-Creación de un Consejo consultivo del Banco de España con la participación de los interlocutores sociales (en coherencia con lo que plantea la Confederación Europea de Sindicatos con relación al Banco Central Europeo).

55.-Creación de un Consejo de Gestión Democrática de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Española.

56.- Modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en lo que respecta a la representación sindical en la empresa, reforzando el papel de los sindicatos, sus secciones sindicales y los delegados sindicales.

57.- Creación de un Consejo de Planificación para la Aplicación de las Estrategias de Desarrollo Sostenible (en aplicación de lo planteado en el artículo 131 de la Constitución).

58.- Promulgación de una Ley que garantice expresamente la primacía de la negociación colectiva sobre los acuerdos individuales.

59.- Establecimiento, en el marco de esa Ley, de Comisiones Paritarias de ámbito de sector y/o geográfico para interpretar y seguir el cumplimiento de los resultados de la negociación colectiva en las empresas que no cuenten con representación sindical.

60.-Revisión curricular por parte de las Universidades de las Formaciones de Administración de Empresa. Establecimiento de formación post grado especializada en Gestión y Administración de Empresas e Instituciones Públicas.

61.-Creación de una Fundación tripartita para la Formación en Gestión de Empresas y Recursos Humanos.

62.- Apoyo económico a Programas de Calidad de producto y de Servicio Post-Venta y utilización del ICEX como instrumento de apoyo técnico en esos Programas

63.- Reforzamiento de las líneas financieras del ICO destinadas a investigación sobre calidad e innovación en la gestión, sostenibilidad y eficiencia energética. Estas líneas de financiación deben ser gestionadas directamente por el ICO.

g) Reforzamiento del sistema público de pensiones

Izquierda Unida parte en este punto de la necesidad de garantizar que la edad exigida para cobrar una pensión con derechos plenos no podrá ser superior a 65 años, que el cómputo para fijar la cuantía de la pensión no podrá ser superior a 15 años y que las pensiones se actualizarán al menos en el porcentaje que indique el IPC publicado por el INE, con un porcentaje suplementario en el caso de las pensiones más bajas. Entendemos que la pensión es un derecho sustancial en el marco de un Estado social.

Para mejorar el actual sistema, proponemos:

64.- Suprimir el tope máximo a las cotizaciones, establecido en 2010 en 3.198 euros brutos de salario en cómputo mensual para acercarlas en proporcionalidad a las retribuciones realmente percibidas. Con un criterio de solidaridad no debería elevarse el límite de las pensiones máximas, aunque si hacer valer el total realmente cotizado para fijar la pensión hasta el límite de la pensión máxima.

65.-Transformar todas las becas de empresas y Administraciones Públicas en contratos en prácticas con las correspondientes cotizaciones y derechos.

66.- Separar definitivamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social y cerrar las deudas del Gobierno con ella.

67.-Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, en los casos en los que el trabajador no tenga cubierto el período de cotizaciones de 35 años e incentivando la pensión.

68.-Reconocer la pensión que corresponda a su cotización a las personas que hayan cotizado menos de 15 años y reducir en dos puntos por año cotizado que exceda los 35 la penalización en caso de jubilación anticipada.

69.-Presentar una Ley de Igualdad en el Trabajo Remunerado que facilite la incorporación de la mujer al trabajo remunerado.

B.2.- MEDIDAS SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

Nuestras propuestas de cambio del modelo productivo no se quedan en la enumeración de sectores siguiendo criterios técnico-económicos basados en los mismos paradigmas de organización social, espacial y laboral que se han ido configurando en el neoliberalismo. Dichas propuestas tienen que partir de una visión global del cambio que al mismo tiempo sea coherente. Tienen que incluir argumentos viables que apunten hacia la construcción de una sociedad más justa, sostenible y que genere mayor calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos.

Estrategia de política industrial

a. Los sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo, Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.
b. Los sectores emergentes: Energías renovables, Agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso público.
c. Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles. Estos sectores están escasamente implantados.

Automoción

70.- Desarrollar una política integrada que tenga en cuenta la dimensión territorial, la movilidad y la geografía productiva y no sólo los aspectos tecnológicos (coche eléctrico, reciclabilidad, reducción del número de materiales distintos etc.).

Sector de las nuevas tecnologías

El impulso de las nuevas tecnologías debe desvincularse de los problemas derivados del acceso de los usuarios a los contenidos. Izquierda Unida no está de acuerdo en la regulación propuesta por el Gobierno, que favorece los intereses de las grandes empresas de contenidos.

Agroalimentación

71.- Reforma de la PAC. El impacto de la PAC en España no ha sido positivo, y esto se ha agravado con la reforma de 2003 y sus adaptaciones específicas en el caso español. La población activa en la agricultura ha descendido en un 8% y se sitúa en el 4% del conjunto de la población activa. La renta agraria es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores productivos.
El diferencial de precios entre lo pagado al agricultor y lo que paga el consumidor se sitúa entre el 400 y el 500%.

La dependencia de nuestra agricultura de las importaciones es creciente, precisamente por el paradigma en el que se basa la PAC de que lo importante son los precios baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los grandes monopolios, y la consiguiente especulación ha hecho quebrar ese paradigma.

72.- Desarrollo de un Plan de Garantía de la Soberanía Alimentaria que tome como principio el derecho de los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos mismos, respetando el medio ambiente. Ello significa prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación. Debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos.

73.- Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Frente a la actual política de desacoplamiento de las ayudas de la PAC con relación a la producción, es necesario reorientar la distribución de su presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores, las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas.

74.- Fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica con un objetivo multifuncional: la protección del material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de agricultores a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.

Reforzar y desarrollar el Sector Público

75.-Reforzar y promover los Servicios Públicos hasta alcanzar en plazo de la legislatura el gasto medio de la Unión Europea. La educación, el cuidado de la infancia y la adolescencia, la atención a la tercera edad y a las personas dependientes, la salud, el suministro de agua potable y el sistema de aguas residuales y otros vertidos, el suministro energético, el transporte público, el servicio de correos, el deporte y la cultura no son mercancías sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio, sino a criterios de eficiencia social.

C.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA ASEGURAR LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

Medidas de aumento de los ingresos tributarios

a) Medidas urgentes

76.- Presentación del Gobierno en función de su ejercicio de la Presidencia Europea de un plan de convergencia y armonización fiscal para los países de la UE con calendario de aplicación.

77.- Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.)

78.- Imposición extraordinaria del 50%, mientras dure la crisis, entendido este fin como situar el índice de paro por debajo del existente el 1 de enero de 2008, de los bonos, primas y cualquier otra retribución extrasalarial de los directivos de instituciones financieras.

79.- Recuperación del Impuesto de Patrimonio (1.800 millones de euros, destinados al Programa de Empleo de las CCAA)

80.- Reorientación de la reforma del IVA, eliminando la subida general de tipos que entrará en vigor el 1 de junio y estableciendo un IVA especial al 25% (o en caso necesario un Impuesto especial o su incremento en 7 puntos) para bienes de consumo de lujo, animales vivos no destinados a consumo humano, joyas, abrigos y prendas de piel, aeronaves y embarcaciones de vela y motor cuyo uso no se destine al comercio marítimo o a la pesca profesional, etc.

81.- Reducción del IVA al tipo reducido en las compras de materiales y productos necesarios para la rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en la factura figure como comprador el dueño o inquilino de la vivienda.

82.-Adopción de la propuesta de la Comisión de Finanzas de las Asamblea Nacional Francesa (septiembre de 2009) en el marco de Presidencia semestral española de la UE para suprimir los billetes de 500 euros y reducir a 3.000 euros las cantidades que se pueden pagar en efectivo sin comunicación a la administración tributaria de los datos del pagador a partir de 1 de enero de 2011.

b) Medidas a medio plazo

83.- Reforma de la fiscalidad de las SICAV, que deben tributar como cualquier otra sociedad

84.- Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.

85.- Elevación del tipo impositivo marginal en el último tramo del IRPF del 43 al 50%.

86.-Introducir medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables, de acuerdo con la proposición de Ley de Fiscalidad Medioambiental presentada por IU-ICV el pasado 21 de julio de 2009.

87.- Consideración en el marco de la UE de La Tasa Tobin como una herramienta para financiar iniciativas industriales innovadoras en los sectores estratégicos para un desarrollo justo y sostenible. Proposición de las Directivas correspondientes.

Medidas de racionalización del gasto público

Izquierda Unida considera que cualquier reducción del gasto público es contradictoria con los objetivos de estimulo de la demanda que son imprescindibles en una situación de crisis económica como la actual.

La conveniente limitación del déficit no puede ser obtenida, en estas condiciones, por la vía del recorte del gasto, sino mediante mecanismos de incremento de los ingresos como los propuestos en este documento.

Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que reoriente el mismo hacía la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los servicios sociales públicos y la actividad productiva.

Así mismo, Izquierda Unida no apoya ninguna reducción de las retribuciones de los empleados públicos, excepto los altos cargos y cargos de confianza, ni la reducción de departamentos o la dismunición del sector público empresarial
En este caso, las reducciones sólo sirven para que la actividad sea desarrollada por el sector privado, con mayores costes y un control inexistente de la eficiencia del gasto.

En consecuencia, proponemos:

88.- Limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los partidos políticos se comprometen a aplicar esta medida en los órganos autonómicos con competencias para fijar las retribuciones de sus cargos públicos, cargos de confianza y directivos de empresas, entes y organismos públicos. Complementariamente:

a) Supresión de cualquier retribución por participación o asistencia en Consejos de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
b) Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.

89.- Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de las Administraciones Públicas a 35 horas semanales. Racionalización de los horarios y revisión de los métodos de trabajo para que las actividades se incluyan en la jornada ordinaria.

90.- Modificación de la Ley de Contratos del Estado para limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos. Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.

91.- Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.

92.- Un Plan de Control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia del mismo con los siguientes elementos:

a) Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.
b) Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.
c) Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).
d) Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al menos dos representantes de los trabajadores. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado como al Tribunal de Cuentas correspondiente.
e) Creación de una Agencia Estatal para el Control de la Calidad del Gasto.

93.- Reforma de la Intervención General del Estado y de los Organismos semejantes en las diferentes CC.AA. para asegurar no solamente el control de la legalidad del gasto, sino también el de calidad del mismo. Reversión de los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría.
Publicidad de los informes de la Intervención.

94.- Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores deberán remitirle en el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones señaladas por el Tribunal.

95.- Responsabilidad civil y penal de los gestores y de los organismos de control

96.- Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto de Administración Pública con las Fundaciones de los partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas específicos de Formación de cargos públicos para el control del gasto público y la gestión presupuestaria.

D.- REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

97.- Todas las aportaciones con cargo al FROB de capital público deberán ser acompañadas de los derechos políticos correspondientes y por tanto el Estado debe intervenir y controlar, en su caso, la gestión del Banco o Caja.

98.-Desarrollar con carácter de urgencia una norma básica sobre Banca Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), integre a las instituciones que puedan ser nacionalizadas, y regule el papel y representación de las participaciones públicas en instituciones financieras privadas.

99.- Potenciar con un marco legislativo adecuado la implantación y desarrollo de la Banca Ética en España.

100.- Reforma de la Ley de Cajas, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Mantenimiento y reforzamiento de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro. Ninguna caja podrá ser propiedad de ninguna institución o empresa privada.
b) Desvinculación de cualquier derecho político sobre las cuotas participativas en el caso de las Cajas de Ahorro.
c) Fortalecimiento de la supervisión del Banco de España sobre las Cajas de Ahorro, extendiéndola al requisito de informe previo favorable a toda operación que supere el millón de euros.
d) Prohibición legal de realizar operaciones desde o hacía paraísos fiscales.
e) Fijación de responsabilidad administrativa, civil y penal para los miembros de los Consejos de Administración y de las Comisiones de Control de las Cajas.
f) Definición de objetivos, contenidos y actividades de la Obra Social, que no podrán sustituir las políticas sociales encomendadas a los poderes públicos.
g) Creación de un Consejo Social del Sistema de Cajas de Ahorro, con participación de las fuerzas políticas, sindicales y organizaciones sociales presentes en el conjunto de las Asambleas de Cajas de Ahorro con funciones consultivas ante el Banco de España en su función de supervisión.


EL PARLAMENTO DE VENEZUELA RECHAZA EL AUTO DEL JUEZ ELOY VELASCO






LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA DEFIENDE LA SOBERANÍA NACIONAL.



La Asamblea Nacional venezolana aprobó este jueves un documento de rechazo al auto del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que especuló acerca de una supuesta "cooperación gubernamental" del gobierno venezolano con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) y ETA.



El Parlamento condenó, asimismo, la respuesta que ha dado el Gobierno del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la crítica que hacen las autoridades judiciales de este país al Ejecutivo venezolano, indica el sitio web de AN Televisión (ANTV).
"Jueces como éste realmente dejan muy mal parado lo que puede ser la actuación de la Real Audiencia Nacional Española. Yo creo incluso que esa instancia en algún momento tendrá que revisar la conducta de este caballero, que ha hecho esta acusación terriblemente irresponsable", destacó el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la AN, Roy Daza, quien propuso el acuerdo.



Daza considera que el magistrado español "actúa bajo las órdenes de la ultraderecha franquista" y ha subrayado que su auto es "una patraña". En su opinión, el juez debería provocar "vergüenza ajena" a sus compañeros de profesión.Asimismo, el Parlamento ha condenado la actuación del Gobierno español al no hacer frente a la decisión judicial y ha rechazado que, como solicitaba el partido opositor Podemos, Caracas esté obligada a realizar aclaraciones a Madrid. Para el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Carlos Escarrá pedir que se den estas explicaciones "es un acto de traición a la patria".



Escarrá ha ido más allá y ha comparado las últimas acusaciones contra el Gobierno de Chávez con la posibilidad de que desde Caracas se abra una investigación por los delitos cometidos por "la Corona española" durante la época colonial. En ese periodo, ha indicado, "España cometió cientos de asesinatos y robos de los recursos naturales" en América Latina
"Ahí sí hay elementos de prueba convincentes y contundentes para abrir una investigación", ha recalcado.



Rubalcaba exige colaboración y Moratinos recula
El ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido hoy al Gobierno de Venezuela que colabore con los tribunales españoles en esta causa. "Tienen que colaborar con la Justicia española", ha indicado.
El ministro se ha referido en una entrevista en TVE a las últimas operaciones policiales contra ETA y ha afirmado que "estamos ganando la batalla, pero ojo, que en Portugal tenían preparada una bomba".
Ha subrayado que las FSE y los tribunales van a seguir actuando para derrotar a ETA. "No hay duda de que aún queda espacio para que la Policía arrincone a ETA. Después se hará un ajuste político, pero eso lo tendrán que decidir los vascos y los españoles", ha manifestado.
Por su parte, el ministro de Exteriores del Reino de España, Miguel Ángel Moratinos, ha aseguró en la tarde de ayer que la intención del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, era pedir "información", más que explicaciones al mandatario Hugo Chávez, sobre su supuesta ayuda para lograr una alianza de ETA y las FARCMiguel Ángel Moratinos hizo este jueves esta precisión después de la reacción el miércoles de Chávez, quien aseguró que no tiene "nada" que explicar a Zapatero respecto a la denuncia del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco sobre la supuesta cooperación de Caracas con una presunta alianza entre ETA y las FARC.









lunes, 1 de marzo de 2010

CONTRA EL GOBIERNO DE LA CRISIS Y EL PARO, SOBERANÍA .







DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA CUT-BAI AL CUMPLIRSE 30 AÑOS DEL 28 DE FEBRERO.


A 30 años del 28-F
CONTRA EL GOBIERNO DE LA CRISIS Y EL PARO, SOBERANÍA.


Afrontamos, los andaluces y andaluzas, este 28 de Febrero con una Andalucía en la UCI. Con más de un millón de parados-as, con la industria aniquilida, con una agricultura en reconversión salvaje, con la pesca destruida, tenemos que denunciar que han conseguido su objetivo: nos han convertido en un país aún más dependiente y subordinado. Andalucía continúa ocupando en el desarrollo socio-económico de las regiones europeas uno de los últimos puestos.


El 4 de Diciembre de 1977 millones de andaluces y andaluzas reclamamos en las calles de nuestra tierra nuestro derecho político como nación a resolver los problemas de Andalucía y determinar su futuro desde su propio autogobierno. Exigíamos un Poder Andaluz capacitado para obtener el pleno empleo, la reforma agraria, el desarrollo y control de los recursos andaluces. Esta gran movilización social que llenó las calles se convirtió por derecho propio en el Día Nacional de Andalucía y este es día que reivindicamos en CUT-BAI.


Más tarde, el 28 de febrero de 1980, en las urnas, el pueblo andaluz afirmó de nuevo su personalidad colectiva frente a aquellos que pretendían reeditar nuestra secular marginación política y ridiculizar nuestra historia y cultura.

La autonomía andaluza fue ganada, conquistada en la calle por el pueblo trabajador andaluz y por eso, peligrosa para el poder constituido. Y se pusieron a trabajar contra este clamor. Primero, intentaron engañarnos con el Estatuto de Carmona cuyos frutos políticos reales no se correspondieron en absoluto con las expectativas sociales que se levantaron en su aprobación. Y han intentando volver a engañarnos con la estafa de una reforma estatutaria que liquida la deuda histórica, consagra el neoliberalismo, mantiene las bases yanquis, impide la reforma agraria y que no nos reconoce como nación.

Como denunciamos en su día quienes optamos por un No soberanista y anticapitalista, por un No de izquierdas, el nuevo estatuto profundiza la dependencia económica y la subordinación política.

Era un estatuto hecho a medida del régimen clientelar y antidemocrático que existe en Andalucía. Hecho a medida de un Gobierno andaluz incapaz de afrontar la crisis y sus dramáticas consecuencias: paro masivo, precariedad, deshaucios, etc, Por eso este 28 de febrero no debe ser un día de fiesta, sino de reflexión y lucha contra el Gobierno del paro y la crisis, el Gobierno que se gasta el dinero público en salvar a los bancos mientras que las familias trabajadoras se hunden en la miseria más absoluta.

Que no nos digan que no hay fondos porque se gastan más de 100 millones de euros anuales en mantener el despliegue militar español en Afganistán con el único objetivo de defender el negocio de las empresas norteamericanas que están explotando el gas afgano. Que no nos vuelvan a decir que no hay dinero porque tras el éxito de la huelga general de la Sierra de Cádiz convocada por el SAT directores generales y consejeros de la Junta de Andalucía y hasta el propio Griñán han anunciado visitas e inversiones millonarias. Una vez más se demuestra que la lucha, paga.


Hay que seguir el camino de la movilización y no dar tregua, por eso desde el CUT-BAI damos la bienvenida a la decisión del SAT de convocar una nueva HUELGA GENERAL esta vez en la comarca de la Sierra sur sevillana. Este es el único sentido del 28-F, concienciar y agitar las mentes y comenzar la preparación del PARO GENERAL DEL 14 DE ABRIL para que sea un nuevo ÉXITO DE LA LUCHA DEL PUEBLO TRABAJADOR ANDALUZ.
¡¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!!
¡¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!!

Andalucía, 28 de febrero de 2010.
Comisión Permanente Nacional del Colectivo de Unidad de los Trabajadores - Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI)
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