Este MIÉRCOLES 27 de NOVIEMBRE a las 11 de la mañana en la SEDE de IZQUIERDA UNIDA JAÉN, Avda. Andalucía, 27-Entreplanta, se celebrará una RUEDA DE PRENSA para informar sobre la REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, que pretende imponer el PP, así como sobre los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Andalucía y sus nefastas consecuencias para la clase trabajadora y las personas necesitadas.
PROPUESTA DE TRABAJO PROVINCIAL A PROPÓSITO DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Los ayuntamientos en la disyuntiva: ¿privatizar todo o desobedecer a la Troika y el Pacto Fiscal?
Los siguientes en la destrucción, los ayuntamientos
En el camino hacia la destrucción social de Europa dirigida por la Troika (uno de sus mejores acunados hijos, Draghi, ya lo dijo sin silenciador: «El modelo social europeo ha muerto») y sus grupos financieros de presión en Europa, con la coartada de la deuda pública soberana, ha sido fijado el siguiente paso en el calendario de la guerra contra la sociedad: los ayuntamientos, sus bienes y sus servicios. La masa de riqueza privada derivada de la especulación financiera, que ha llevado a la crisis global de estos años,necesita encontrar nuevos espacios de valorización y los han fijado en la vida y la autonomía local.
En el Informe “Beneficios, competencia y crecimiento” del Deutsche Bank a la
Comisión Europea de diciembre de 2011 se señalaba que los ayuntamientos ofrecen el mayor potencial de privatización.
La expoliación de los ayuntamientos no es algo reciente, sino que desde hace unos quince años ya se viene produciendo con el concurso de varios factores:
1. El primero fue el Pacto de Estabilidad y Crecimiento interno: las distintas medidas anuales de cara a hacer cumplir a los ayuntamientos los objetivos de estabilidad financiera fijados por el Estado de acuerdo con la UE. Ese pacto, en una primera fase, ha impuesto una durísima reducción de las posibilidades de contratación de personal por parte de los ayuntamientos y
entidades locales e incluso de despidos colectivos de trabajadores, una disminución drástica de la calidad de los servicios posibilitando así la construcción de una campaña ideológica de la ineficacia de lo “público”; en un segundo momento ha terminado siendo atacada la posibilidad y la capacidad de inversión por parte de los ayuntamientos que, con el pretexto de no endeudarse, han sido obligados a reducir las obras a realizar; finalmente, en la actualidad, hasta la capacidad de gasto corriente ha sufrido una draconiana limitación, arriesgando el funcionamiento de los ayuntamientos. Clasificados a partir de ello como “virtuosos” y “no virtuosos”, los ayuntamientos son forzados, para ser considerados como de la primera categoría, a aumentar los tributos locales y las tarifas, a reducir la contratación, enajenar el patrimonio público y privatizar los servicios públicos municipales.
2. El segundo factor se debe a la reducción del gasto: los drásticos recortes que, en vez de reorganizar el gasto eliminando el despilfarro y las corruptelas, llevan a una automática reducción de todos los servicios que se suministran sin un orden de prioridades y sin una mínima programación.
3. El tercer factor fue la aprobación del Pacto Fiscal: el objetivo suscrito en el ámbito europeo de disminuir al 60% en veinte años la relación deuda/PIB que hoy es del 86%. Esto supone anualmente una reducción drástica del 3.3%, con un coste de más de 50.000 millones de euros al año. Si a esto se añade que se introduce el equilibrio presupuestario en la Constitución -la constitucionalización de la doctrina neoliberal- el cuadro final está claro.
El conjunto de las draconianas medidas impuestas en el ámbito local llevan a un único objetivo: poner a los municipios entre la espada y la pared desde el punto de vista económico para persuadirlos/obligarlos a un gigantesco proceso de expropiación, consignando así los bienes y el patrimonio al lobby bancario y financiero. Un proceso que sigue diversos pero convergentes caminos. ¿Qué es lo que poseen los ayuntamientos? Territorio, patrimonio y servicios, y es sobre ellos sobre los que se está jugando, y de manera creciente en el próximo periodo, la guerra contra la sociedad.
Desde hace tiempo el territorio se ha convertido en instrumento de valorización financiera, a dos niveles.
• El primero, mediante la continua recalificación urbanística del suelo, favorecida por una normativa criminal que que permite emplear las plusvalías urbanísticas en el gasto corriente de los Ayuntamientos: en la práctica, aunque sólo para garantizar el funcionamiento ordinario de los ayuntamientos, los administradores locales son forzados a poner a disposición de la especulación inmobiliaria más sectores de suelo, llegando a la paradoja de que, mientras que hasta hace poco eran las empresas constructoras las que tenían que ir al ayuntamiento para conseguir las recalificaciones del uso de los terrenos, hoy son los alcaldes los que tienen que ir detrás de las constructoras para firmar acuerdos que supongan ingresos municipales.
• El segundo nivel es el de los grandes eventos y las obras faraónicas, que sean bases militares, mega-proyectos infraestructurales o “eventos”, el único objetivo es consignar el territorio a la valorización financiera y a la especulación inmobiliaria.
Como se evidencia con éste análisis, bajo ataque está la misma función social de los entes locales como espacios de proximidad de los habitantes de un territorio. Se comprende mejor, a este objeto, también el sentido profundo de la progresiva reducción de los espacios democráticos, que ve en la concentración institucional de un lado y en una campaña amañada contra la “casta” y relativa reducción de la representación, de otra, el progresivo distanciamiento de los espacios de toma de decisiones colectivas de la vida concreta de las personas. El objetivo está claro: si lo que está ocurriendo es un mastodóntico proceso de expoliación de las comunidades locales, es necesario dificultar o impedir las formas de organización y de protesta, transformando en resignada soledad la que podría convertirse en lucha por la reapropiación social.
Hoy, alcaldes y administradores están colocados ante una disyuntiva: deben decidir si son los ejecutores últimos de un proceso de privatización que desde la Troika baja a los gobiernos y desciende hasta los ayuntamientos o se reconocen como los primeros representantes de los habitantes de un determinado territorio y se oponen directamente a estos procesos. Pero, independientemente de ser conscientes de ello, las mujeres y los hombres de toda comunidad local de este país deben saber que la lucha colectiva y generalizada contra la trampa de la deuda, por una buenas finanzas públicas y sociales, por la reapropiación social de los bienes comunes está totalmente en sus manos. Y que de ella depende el destino de la democracia real.
Hay que comenzar a trabajar por la construcción de una campaña que exija a los alcaldes actuales y a las futuras coaliciones municipales la desobediencia al pacto de estabilidad como elemento central del programa. Una propuesta de ese tipo sería una ocasión para cambiar la forma de la política en vez de quedarse en los conocidos llamamientos a la unidad de la izquierda. Se podría encontrar en el espacio local, entre el archipiélago de fuerzas que se oponen a la austeridad, el apoyo necesario para una propuesta que podría facilitar la conexión sentimental con las masas populares, lo que a su vez generaría contradicciones a IU y el PSOE entre lo que hacen por arriba y lo que dicen por abajo. Hay que señalar los pueblos y ciudades, el espacio local, como el lugar
de la lucha entre el ataque que impulsa el capital y las formas de resistencia local, haciendo viva y practicable la idea del “Ayuntamiento solidario” como alternativa concreta de prácticas neomutualistas y de autoorganización que contraponer a la lógica perversa de la austeridad. Sabemos que todo territorio es distinto a otros, pero no podemos utilizar un esquema fragmentado en una fase en el que el ataque del capital es de conjunto y afecta a la Constitución, rediseña el papel del Estado y vacía la democracia.
Lo escrito con anterioridad nos interroga en dos puntos fundamentales pensando también en las elecciones locales de 2015:
1) El destino de los ayuntamientos tras esta situación descrita.
2) Qué hacer para invertir la tendencia.
No basta una propuesta de desobediencia para salvar a los ayuntamientos. Hemos de tener en cuenta, además, que lo que había antes, hace veinte años, no se podrá reconstruir como estaba antes. Eso está liquidado. Una propuesta nueva de “Ayuntamiento solidario y participado” tiene que mirar al futuro, tener el coraje de imaginar “solidaridad” entre territorios, con acuerdos e integración de servicios supramunicipales, con medios digitales que sustituya el viejo sistema de suministro administrativo de los servicios, con estructuras de servicios supramunicipales en condiciones de hacer más y mejor. El “Ayuntamiento solidario” para ser reconocido por los propios ciudadanos deberá tener un nivel de innovación y cambio extraordinarios. Por ello, para romper “la trampa de la deuda” a la que los Ayuntamientos están atados, además de la desobediencia (siempre practicable) está también la del “Ayuntamiento solidario” que propone unidad, integración, optimización de los recursos, reducción del despilfarro, con los 10, 100, 1000 ayuntamientos vecinos. Este es el verdadero desafío y lo que hay que exigir que hagan los alcaldes que quieren la alternativa.
Sobre el punto 2) no podemos limitarnos al NO a la Troika y a la “desobediencia”.
Debemos construir una izquierda, a partir de los ayuntamientos, que propone un nuevo modelo de desarrollo solidario y alternativo al existente, no utópico sino inmediatamente realizable, un modelo eficiente y no parasitario que pueda ser reconocido por las amplias masas. Es justo el momento en el que la izquierda (de clase, solidaria y alternativa) se postule para gobernar el territorio con su propio modelo de desarrollo, con una propuesta propia de organización funcional de los servicios, de futuro posible, una innovadora propuesta contra el parasitismo.
Podemos desobedecer a la Troika, pero sólo construyendo una nueva subjetividad política que construye la alternativa hoy y aquí, y rápidamente, y que no se limita a oponerse a lo existente.
El saqueo del medio rural
En un contexto español y andaluz en el que la población rural va perdiendo peso paulatinamente respecto del total de la población y el empleo en el sector agrícola continúa disminuyendo como consecuencia del abandono de las actividades agrarias extensivas, de la simplificación y la especialización, así como de la intensificación agraria, se produce un abandono continuo de áreas rurales que quedan sometidas a la voluntad de actividades privatizadoras y especuladoras.
Con este escenario de fondo se produce la aparición de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, una ley con un objetivo muy claro respecto del medio rural: el saqueo.
Los ataques directos a las Entidades Locales Menores (10 en la provincia de Jaén), a las mancomunidades (1 en la Provincia de Jaén) y a los pequeños municipios tendrán una consecuencias desastrosas sobre la población rural, a pesar de que han sido presentados como medios de ahorro y eficiencia.
El poder sobre los recursos económicos (servicios sociales o manejo de las fincas comunales) será concentrado en menos manos y mucho más distantes de la realidad de los municipios.
Se crea un nuevo escenario institucional en el que el control político sobre el territorio rural comunal. La supresión de las Entidades Locales Menores, que tienen un origen histórico que se remonta a los tiempos de la Reconquista, dejará abierta la posibilidad de enajenación y privatización de las tierras comunales, unas 3,5 millones de hectáreas en todo el territorio español. Supondrá, además un desastre social en cuanto a la pérdida de empleos de calidad ligados a la gestión de los recursos ganaderos y del monte, que desde hace siglos han sido gestionados en buena medida por estas entidades de forma autónoma.
Los bienes comunales conservados hasta la actualidad son frecuentemente acusados de constituir recursos infrautilizados e ineficientes. Pero muy al contrario, no sólo permiten una gestión eficaz de los recursos naturales en situaciones de marginalidad territorial o ecológica, sino que siguen suponiendo una importante herramienta de cohesión social y de gestión de los recursos naturales. Proporcionan, además, un medio de vida a los habitantes del medio rural.
La recentralización política hacia las Diputaciones está pensada para garantizar la privatización generalizada de los servicios que ahora se gestionan y se prestan localmente por los municipios, pero que en un corto periodo de tiempo acabarán controlados por empresas privadas cercanas a los grandes centros de poder político provinciales.
Las Entidades Locales Menores y pequeños municipios no han sido los causantes de la crisis fiscal que afecta a la Administración, por lo que no deben ser tampoco sus principales víctimas.
¡¡POR LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NO A LA REFORMA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR!!
