Las movilizaciones convocadas en todas las ciudades españolas para mañana, sin duda son necesarias. Pero se precisa una mayor contundencia. Hay que empezar a preparar la Huelga general.
Estos últimos días, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas dirigidas contra la mayoría trabajadora y a reforzar los intereses de la gran patronal financiera y empresarial: subida de la edad de jubilación de 65 a 67 años, prohibición de las prejubilaciones, drástica limitación de la jubilación parcial, aumento del periodo de cómputo de las pensiones; recorte en 50.000 millones de euros del gasto público, a lo largo de tres años, del que sólo se salvarían un puñado de partidas, entre ellas, los gastos de las misiones militares en el extranjero (el nuevo despliegue de 511 militares y 40 guardias civiles, que se suman a los ya destinados en Afganistán, tendrá un coste adicional de cien millones de euros al año); reducción del 30% al 10% de la tasa de reposición de efectivos en las Administraciones Públicas, etc.
Un completo programa de recortes, anunciado por sorpresa, incumpliendo acuerdos previos, alguno de ellos firmado hace apenas unas semanas. ¡De esta forma responde el Gobierno a la dramática situación económica y social: más de 4.300.000 parados, 1,2 millones de familias con todos sus miembros activos en paro; déficit público del 11,4% del PIB, etc.!Con esta ofensiva, la oligarquía quiere recuperar la iniciativa, hurtando del debate otras propuestas, no sólo posibles, sino absolutamente necesarias y urgentes, para frenar la crisis de una forma racional y eficaz y con una perspectiva de progreso.
Hoy, la disyuntiva está en aceptar negociar nuevos recortes para seguir descargando sobre los trabajadores las consecuencias de la crisis, mientras especuladores, grandes empresarios, caciques y políticos corruptos siguen forrándose sin ningún compromiso social, o imponer a la oligarquía empresarial y financiera, que ha demostrado sobradamente no estar dispuesta a ceder voluntariamente un ápice de su control, un programa que permita mejorar la situación de los sectores trabajadores más golpeados por la crisis, mejorar el crédito, garantizar más y mejor empleo y un desarrollo del sector público y de los servicios sociales.
Las recetas las dan quienes nos han metido en la crisis; y siempre son las mismas: recortar el gasto público, privatizar, abaratar el despido, utilizar el Estado, no para relanzar la economía, sino para garantizar sus negocios y privilegios. Nos piden austeridad quienes siguen manteniendo a salvo sus beneficios.No es reduciendo el gasto público como se va a salir de la crisis. La primera exigencia para que el Estado pueda hacer frente a la tarea de relanzar la economía, es una profunda reforma fiscal que grave más a quienes más tienen.
Hoy, la fiscalidad favorece a los empresarios y especuladores y el fraude fiscal es un cáncer que alcanza los 100.000 millones de euros anuales. Mientras se aumentan los impuestos indirectos, como el IVA, que pagamos todos por igual cualquiera que sea nuestra renta, los impuestos directos cada vez gravan menos a los que tienen rentas más altas: el 90% de lo recaudado en el IRPF, por ejemplo, proviene de las rentas del trabajo (los empresarios declaran de media la mitad que los trabajadores, y el tipo máximo que se aplica a las rentas más altas en este impuesto ha pasado del 56 al 43%, tras las sucesivas reformas iniciadas en 1996, por el Gobierno de Aznar); los empresarios pagan un tipo medio de sólo el 30% en el Impuesto de Sociedades, y quienes invierten en las SICAV (sociedades de especulación) sólo el 1%; se ha eliminado el Impuesto de Patrimonio y prácticamente el de Sucesiones.
Es decir, las reformas siempre han favorecido de forma escandalosa a las mayores rentas, y esto debe cambiar radicalmente. Deben aumentarse los impuestos de los más ricos y combatir con contundencia el fraude fiscal y la corrupción. Tras el rechazo inicial de los sindicatos, el Gobierno suavizó su propuesta, asegurando estar abierto a la negociación. Pero en los últimos días se ha reforzado una campaña dirigida a lograr un acuerdo parlamentario entre las fuerzas políticas representantes de la burguesía, incluido el PSOE, y de la burguesía, (prácticamente la totalidad del Parlamento) para imponer una reforma reaccionaria que ataque la jubilación, abarate el despido, mantenga la misma política fiscal regresiva y recorte drásticamente el gasto público, sin tocar los intereses de grandes empresarios, especuladores, caciques y corruptos.
Esa es la esencia del pacto del que han hablado en el último debate parlamentario. Un pacto en el que se ha implicado incluso el rey Borbón, que sólo habla cuando se trata de defender los intereses de su familia y los de la oligarquía española. Una vez más, Juan Carlos será el nexo de unión entre los representantes de las grandes fortunas, y de nuevo también lo presentarán como la figura salvadora a la que todos los españoles deberíamos rendir pleitesía.Al punto que hemos llegado, el gobierno social liberal de Zapatero debe ser combatido con todas las fuerzas.
Es cierto que, tras el revuelo generado, han desmentido sus últimas amenazas y suavizado su propuesta de reforma laboral, pero nadie puede fiarse de su sinceridad. Más bien al contrario, queda claro que se ha quitado la careta del talante dialogante, para ponerse la de la “responsabilidad de gobierno”. Nada cabe esperar de él, sino más de la misma política reaccionaria que el PP y el resto de la derecha, nacionalista o no, aderezada con retórica social. La derecha cavernícola del PP se opone de momento, porque quiere que el Gobierno termine de quemarse.
Pero que nadie se engañe, porque su programa económico pasa por la máxima dureza en el ataque contra el proletariado.Las movilizaciones convocadas en todas las ciudades españolas a finales de febrero, sin duda son necesarias. Pero se precisa una mayor contundencia. Hay que empezar a preparar la Huelga general.
Antes del 12 de diciembre, la falta de movilización previa y de agresiones claras del Gobierno (aunque su condescendencia con la gran patronal ha sido en sí misma una permanente agresión contra los intereses de la mayoría social), junto al miedo a que, a falta de referencias políticas, la movilización terminara reforzando al PP, eran argumentos de peso para retrasar su convocatoria. Hoy no lo son.La dirección del PSOE, con Zapatero a la cabeza, se ha rendido sin condiciones, ni matices, a la derecha más dura y, con ello, puede dar por perdidas las próximas elecciones (si el desarrollo de la crisis no termina imponiendo un adelanto electoral).
En cualquier caso, ellos solos se habrán ganado a pulso la derrota.Si la clase obrera enseña su fuerza, que es mucha, como demostró en la movilización general de diciembre, el Gobierno, sea el que sea, habrá aprendido dos lecciones: la primera, que la oligarquía no puede seguir imponiendo su programa político sin una respuesta contundente. Y la segunda, que, aunque la fuerza social y el poder reivindicativo del proletariado no tienen aún una expresión política organizada, eso no significa que sea indiferente a la política que adopte el Estado capitalista.
La clase obrera debe reforzar su unidad y organización para incrementar los objetivos de lucha.Tras la Huelga General, seguirá pendiente el problema de construir la referencia política sin la que la lucha del proletariado perderá gran parte de su eficacia, pero hoy es tiempo de actuar. Y cuanto más se tarde en hacerlo, más difícil será recuperar la iniciativa frente a la oligarquía.
¡¡¡Adelante pues, a organizar la Huelga General!!!
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