La sentencia del TJUE da luz verde a los jueces españoles para que paralicen todos aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria en los que consideren que las hipotecas firmadas por los afectados contienen cláusulas o condiciones abusivas, como intereses de demora o vencimientos anticipados del préstamo.
Lo que hasta ahora no ha conseguido el Gobierno con el código de buenas prácticas para la banca ni con la paralización de los desahucios entre los colectivos más vulnerables, puede conseguirlo la justicia europea.
La sentencia del TJUE responde a una consulta efectuada por un juzgado mercantil de Barcelona tras una demanda presentada en enero de 2011 por un ciudadano contra CatalunyaCaixa tras ser expulsado de su vivienda, quien pide que se anule una de las cláusulas del préstamo hipotecario y el procedimiento de ejecución hipotecaria.
A día de hoy, la legislación española no permite al juez encargado de un proceso de ejecución hipotecaria paralizarlo si considera que el contrato contiene cláusulas abusivas ya que le impide entrar a valorar este tipo de cuestiones. De esta manera, una vez iniciado el procedimiento, el juez no puede ordenar la suspensión de la ejecución o subasta forzosa del inmueble y, por tanto, impedir que el deudor pierda la vivienda.
De hecho, el afectado sólo puede alegar el carácter abusivo de las cláusulas en un procedimiento separado, lo que, tal y como explican los abogados, suele suceder a posteriori, cuando ya ha perdido la vivienda.
Un situación que dará un giro de 180 grados ya que lo que acaba de dictaminar el TJUE es que el sistema español de desahucios es ilegal y lo ha hecho basándose en el dictamen de la abogada general del Tribunal, Juliane Kokot, cuyas opiniones se siguen en el 80% de los casos. Kokot ya falló en noviembre del año pasado que la norma española no se ajusta a la legislación de la UE, ya que no garantiza a los clientes una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
La abogada general insistió en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que, posteriormente, sea de muy difícil o imposible reparación.
Un fallo condenatorio del TJUE obligaría al Gobierno de Mariano Rajoy a modificar la legislación vigente, lo que ha provocado que el PP haya retrasado la tramitación del proyecto de la ley antidesahucios -que se aglutinará con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago- al menos hasta conocer la opinión de Bruselas al respecto.
Intereses de demora y vencimiento anticipado de todo el préstamo
De hecho, al considerar el TJUE que la legislación española va en contra de las leyes europeas, los jueces españoles podrán entrar a valorar el carácter abusivo o no de los polémicos intereses de demora que la banca aplica cuando un hipotecado no puede hacer frente al pago de su hipoteca. Estos intereses varían de unas entidades a otras, pero oscilan entre el 20% y el 30%.
Precisamente, los jueces madrileños se reunieron hace un mes para intentar determinar a partir de qué porcentaje se considera abusivo el interés que están aplicando los bancos a la hora de reclamar las deudas a sus clientes hipotecarios. Hay que recordar que la Ley de Crédito al Consumo determina como inaceptable la imposición de un interés de demora que sea superior a 2,5 veces el interés legal del dinero, si bien no establece un tope para los préstamos hipotecarios. No hubo acuerdo.
También el Gobierno ha tomado cartas en el asunto: ha decidido limitar los intereses de demora a tres veces el tipo de interés legal del dinero, que en 2012 fue del 4%. La medida se incluye dentro del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, pero no tendrá carácter retroactivo.
Lo que también pone en tela de juicio la justicia europea es que una entidad pueda dar por vencido todo el préstamo hipotecario, aunque solamente se haya producido el impago de una cuota.
Otra de las cláusulas que se cuestiona es aquella que permite a la entidad financiera determinar de manera unilateral el importe de la deuda. El dictamen de la abogada europea señalaba que el consumidor afectado no puede cuestionar la legitimidad de esa cuantía durante el proceso de desahucio y que sólo puede hacerlo a través de un procedimiento judicial separado que no lo frena y cuya resolución se produce siempre después de haber perdido la vivienda.
Izquierda Unida exige al Gobierno "medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación parlamentaria ahora frenada, para paralizar de forma inmediata los desahucios"
La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, señala tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que “estábamos en lo cierto quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”
La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.
“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.
La responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado –uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.
Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.
Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los desahucios en marcha”.
Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma sistemática”.
La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.
“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.
La responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado –uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.
Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.
Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los desahucios en marcha”.
Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma sistemática”.
DEBEMOS EXIGIR LA PARALIZACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS DESAHUCIOS HASTA QUE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL SE AJUSTE AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. HAY VIDAS EN JUEGO
¡¡BASTA DE DESAHUCIOS!!
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